La concejal Sandra Forero Ramírez lanzó una alerta contundente sobre el colapso del sistema de control urbanístico en Bogotá, tras identificar seis hallazgos críticos que comprometen la legalidad, la seguridad de las viviendas y el cumplimiento de las normas de construcción en la ciudad.
Durante su intervención, Forero denunció procesos ineficaces, tiempos de respuesta de hasta 1.100 días para resolver infracciones y una grave escasez de inspectores: actualmente hay solo 81 funcionarios para toda Bogotá, lo que hace prácticamente imposible garantizar una supervisión efectiva.
Ciudad Bolívar y Suba, las más afectadas
Uno de los puntos más preocupantes es la congestión de casos en localidades vulnerables como Ciudad Bolívar y Suba, donde la informalidad urbanística crece rápidamente. Según los datos revelados, más del 98 % de los expedientes que se cierran no terminan en sanciones, lo que refleja la falta de capacidad sancionatoria real del Distrito.
“Estamos ante un sistema que ha perdido su capacidad de respuesta. No se protege el derecho a una vivienda digna ni segura, y tampoco se garantiza el cumplimiento de las normas urbanas”, afirmó la concejal.
Falta de articulación y tecnología obsoleta
Forero también criticó la descoordinación institucional, la fragmentación entre las entidades distritales encargadas del urbanismo y el uso de plataformas digitales desintegradas, que dificultan la trazabilidad de las denuncias y la toma de decisiones oportunas.
Entre los principales hallazgos del colapso urbanístico se destacan:
- Procesos administrativos ineficaces y demorados.
- Grave déficit de personal especializado.
- Altos niveles de impunidad en las infracciones.
- Congestión crítica en zonas vulnerables.
- Plataformas tecnológicas no interoperables.
- Falta de acciones preventivas y seguimiento a reincidentes.
Llamado a una reforma estructural
Ante esta situación, la concejal Sandra Forero exigió al Distrito una reforma estructural inmediata para transformar el sistema de inspección, vigilancia y control urbanístico. “Es urgente garantizar la eficiencia operativa, la legalidad en el desarrollo urbano y, sobre todo, la protección del derecho ciudadano a vivir en entornos seguros”, concluyó.
La denuncia ha reactivado el debate sobre la gobernanza urbana en Bogotá y la necesidad de fortalecer la institucionalidad frente al crecimiento desordenado de la ciudad.