Ocho concejales están en el ojo del huracán por votar a favor de suspender las transmisiones del Concejo a través redes sociales.
Redacción Extra
Ocho concejales del municipio de Acacías, Meta, enfrentan una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, tras haber sido denunciados por presuntas faltas al régimen de prohibiciones de los servidores públicos y a los principios de participación ciudadana, transparencia y publicidad.
Los concejales investigados son Yan Carlos Chavarro, Alirio Rojas, Wilson René Ortiz, Edwin Arley Jara Vélez, Juan Pablo Agudelo Díaz, John Alexander Casallas Velásquez, Óscar Eduardo Castro Rodríguez y Nayi Najaby Romero Gamboa. La medida disciplinaria surge luego de que estos cabildantes votaran a favor de suspender la transmisión en vivo de las sesiones del Concejo a través de redes sociales, restringiendo así el acceso de la ciudadanía a los debates públicos que se desarrollan en la corporación.
Denuncia
De acuerdo con la denuncia, esta decisión vulnera el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, que consagra el derecho fundamental a la información, así como lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) y el Código General Disciplinario (Ley 1952 de 2019). Las sesiones del Concejo deben ser públicas, y su transmisión por medios digitales es una herramienta clave para garantizar la participación ciudadana y el control social.
La decisión de suspender las transmisiones ha sido duramente criticada por sectores sociales y ciudadanos del municipio, quienes consideran que esta medida representa un acto de censura y un retroceso en materia de derechos democráticos. Diversas voces se han alzado para denunciar que los concejales actuaron de manera deliberada para ocultar información de interés público, privando a más de 120.000 habitantes del municipio del derecho a observar y evaluar el desempeño de sus representantes.
Censura
Según la denuncia, esta decisión no responde a razones técnicas ni presupuestales, sino a una intención política de operar a puerta cerrada y evitar el escrutinio público. En redes sociales y medios locales se ha expresado una fuerte indignación ciudadana, exigiendo que se restablezcan de inmediato las transmisiones de las sesiones y que se respete el derecho de la comunidad a ejercer vigilancia sobre la gestión pública.
La Procuraduría, por su parte, ha abierto el expediente correspondiente y adelantará las diligencias necesarias para determinar si los concejales incurrieron en una falta disciplinaria grave al suprimir un mecanismo de acceso a la información pública.