Por: Javier Recalde Martínez
En medio de los desafíos económicos del año 2025, el gobierno colombiano insiste en la necesidad de reactivar la economía mediante una mayor atracción de inversión nacional y extranjera. Pero detrás de las cifras y promesas oficiales surge una pregunta incómoda: ¿qué tanto puede crecer nuestra economía si persiste la inestabilidad social, institucional y de seguridad? Igual que el incumplimiento de promesas de campaña.
La relación entre inversión y estabilidad no es casual. Los sectores productivos necesitan condiciones predecibles para operar: infraestructura funcional, marco legal sólido y, sobre todo, entornos seguros donde trabajar, invertir y proyectarse. Sin embargo, en Colombia muchas regiones aún viven bajo la sombra de la violencia, la presión de grupos ilegales y la débil presencia del Estado.
Un caso ilustrativo es el del sur del país. En la vía Panamericana, al sur de Cauca y Nariño, conductores, transportadores y comunidades cercanas enfrentan bloqueos recurrentes, extorsiones y ataques contra la infraestructura vial. Esta arteria vital, que conecta al país con Ecuador y permite el movimiento de mercancías estratégicas, se ha convertido en un foco rojo de inseguridad. Cada cierre de esta carretera no solo afecta a miles de familias, sino también la competitividad del país.
Detrás de estos hechos hay un problema estructural: la falta de una política integral de seguridad que vaya más allá del discurso policial. La inseguridad no solo es urbana; también se vive en el campo, en las fronteras, en las rutas del comercio. Y mientras no haya una apuesta clara por la prevención, la justicia social y el desarrollo rural, cualquier intento por mejorar el clima de inversión chocará con la realidad del miedo.
Además, la estabilidad institucional juega un papel crucial. La percepción internacional sobre Colombia está influenciada por la imagen interna: si dentro del país hay desconfianza hacia las instituciones, pocos inversionistas estarán dispuestos a apostar por largo plazo. Es necesario reconstruir esa confianza desde la transparencia, el respeto al Estado de derecho y una gestión pública eficaz y equitativa.
Colombia tiene potencial, pero el crecimiento económico sostenible no llegará con amenazas fiscales a los pequeños empresarios. Requiere de paz, seguridad real y oportunidades distribuidas en el territorio. Mientras el sur siga siendo tierra de promesas incumplidas, difícilmente lograremos consolidarnos como un destino seguro para quienes quieren invertir en el futuro del país.
Y aunque existen esfuerzos gubernamentales por proyectar una imagen positiva, no basta con anunciar nuevas zonas francas o acuerdos comerciales si no se invierte en estabilidad social. La inversión no florece en un ambiente de incertidumbre. Florece donde hay instituciones fuertes, derechos garantizados y comunidades protegidas. Si queremos construir una Colombia próspera, debemos empezar por construir una Colombia segura.