Un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) indica que el fenómeno ha aumentado desde 2017 y se ensaña sobre todo con los dirigentes locales y ambientalistas.
Una estela de sangre ya manchaba la precampaña electoral en Colombia mucho antes de que un sicario adolescente le disparara al senador Miguel Uribe Turbay el pasado 7 de junio. La realidad es que la violencia política es un fenómeno persistente y en crecimiento que golpea, sobre todo, a las regiones.
Solo entre enero y abril de este año fueron asesinados 34 líderes políticos, sociales y comunales. Además, otros 20 sufrieron atentados, de acuerdo con los registros de la Misión de Observación Electoral (MOE). Si se suman las víctimas de amenazas y secuestros, la cifra asciende a 128 acciones violentas contra personas que ejercen liderazgos en sus comunidades. Aunque los crímenes fueron reseñados por medios y autoridades, su repercusión fue menor al no tratarse de figuras de alcance nacional y ocurrir, en su mayoría, en zonas rurales.
Cifras que encienden las alarmas
En un informe presentado esta semana, la MOE precisa que, a pesar de todo, habría una ligera disminución con respecto al mismo periodo de 2021 (año también previo a elecciones), cuando hubo 152 hechos violentos.
Sin embargo, al mirar la tendencia global, es evidente que la violencia política viene en aumento, impulsada por los crímenes contra líderes locales. Mientras la MOE registró 266 hechos de violencia en 2017, en 2023 la cifra casi se triplicó, llegando a 748.
Diego Rubiano, coordinador del observatorio político electoral de la MOE, explica que este aumento está directamente relacionado con la reconfiguración de la violencia armada tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016. «En 2020, encontramos que el 60% de los casos ocurría en municipios donde hacían presencia grupos armados», señala Rubiano. «Hoy es en el 85% de los casos, porque hay más municipios con presencia de estos grupos».
Las historias de las víctimas
Más allá de los números, cada acto de violencia afecta a un municipio, una vereda y a la democracia misma. Estas son las historias de seis líderes políticos víctimas de la violencia en lo que va de 2025.
Jair Isaí Vergara: El excandidato que promovía el fútbol
Con solo 27 años, Jair Isaí Vergara Martínez fue hallado muerto el 1 de mayo en Simití (Bolívar). Conocido como ‘El Curry’, había sido candidato al Concejo en 2023 y era un reconocido promotor del deporte en su comunidad. «Nos arrebataron un líder del deporte, un gran amigo», lamentó un cercano.
Federico Hull Marín: El personero defensor de los derechos humanos loading...
El 12 de marzo, el personero de Entrerríos (Antioquia), Federico Hull Marín, fue encontrado sin vida en su apartamento en Medellín. Su cuerpo presentaba 55 heridas de arma blanca. A sus 27 años, era el encargado de velar por los derechos humanos en su municipio. El crimen sigue bajo investigación.
Andrés Felipe Posú: El concejal al que lo salvó el escolta
En la noche del 14 de febrero, en la vía que conduce a Villa Rica (Cauca), el concejal Andrés Felipe Posú sobrevivió a un atentado gracias a la rápida reacción de su escolta. El vehículo recibió cinco impactos de bala. Posú, militante del Partido Ecologista Colombiano, continúa en su cargo.
José Julián Alzate: El funcionario que recibió un tiro en un pulmón
El secretario de Planeación de Florida (Valle del Cauca), José Julián Alzate, fue atacado a tiros el 8 de enero al salir de su trabajo. Una bala afectó uno de sus pulmones. Alzate, de 49 años, ya había denunciado amenazas cuando fue candidato a la Alcaldía en 2019.
Orlando Muñoz Martínez: El exalcalde que salía de su finca
El exalcalde de Patía (Cauca), Orlando Muñoz Martínez, fue atacado por sicarios el 19 de marzo cuando salía de su finca. Él y su escolta resultaron ilesos después de que tres proyectiles impactaran su camioneta.
Jenny Vannesa Salazar: La expersonera secuestrada
La abogada y expersonera de Tamalameque (Cesar), Jenny Vannesa Salazar, de 34 años, lleva más de tres meses secuestrada. Fue interceptada el 21 de febrero. Sus captores exigen un rescate de 3,5 millones de dólares, una suma que su familia no puede pagar.