Gustavo Petro vuelve a agitar el panorama político. Luego de que el Senado anunciara la suspensión de sus actividades hasta el miércoles, el presidente anunció que retomará la vía del decreto para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral. El decreto de la consulta popular ya está firmado por los ministros.
El mandatario aseguró que “no puede engañar al pueblo colombiano” y que no existen alternativas legislativas viables en los tiempos legales. Con esta decisión, el Gobierno acelera el camino para validar las reformas sociales por vía directa con la ciudadanía.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el decreto ya cuenta con la firma de todos los ministros desde antes del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, lo que desmiente las versiones que hablaban de una congelación del documento.
Cese legislativo y atentado a Uribe reconfiguran el tablero político
El asesinato fallido del senador Miguel Uribe, ocurrido el 7 de junio, provocó un remezón institucional. El Senado decidió suspender sus sesiones durante 72 horas mientras se evalúa la situación del legislador y se garantiza su seguridad.
Petro aseguró que el atentado no tiene relación con la consulta, pero denunció una posible trama de mafias internacionales que buscan desestabilizar el Estado colombiano, similar a los crímenes políticos ocurridos en otros países de América Latina.
El presidente también ordenó reforzar los esquemas de seguridad de figuras de oposición como Álvaro Uribe, María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella y Victoria Eugenia Dávila, al advertir que los ataques podrían extenderse.
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Cuenta regresiva: el Gobierno tiene hasta el 12 de junio para actuar; El decreto de la consulta popular ya está firmado por los ministros
El plazo para publicar el decreto de la consulta popular vence el 12 de junio, según lo establece la normatividad electoral. Petro advirtió que dará tiempo al Congreso para retomar el trámite legislativo, pero si no ocurre, firmará el decreto en uso pleno de sus facultades.
El Ejecutivo argumenta que la votación del Senado del pasado 14 de mayo, donde la propuesta fue rechazada por 49 votos contra 47, se realizó con irregularidades de procedimiento. Según el Gobierno, el secretario del Senado no leyó la proposición antes de votarla, lo que violaría la Ley Quinta de 1992.
Desde la oposición, esta movida se ve como un «golpe institucional». El presidente del Senado, Efraín Cepeda, calificó la posible firma del decreto como un atentado contra el Estado de Derecho. No obstante, el Ejecutivo insiste en que se trata de un camino legítimo para garantizar la justicia social.