Los líderes indígenas y sociales están en la mira de los asesinos, en una situación que hace rato se le salió de las manos al Gobierno Nacional, al mostrar con claridad que los gestores de la violencia se han apoderado a su antojo de vastas zonas del territorio nacional, donde hacen y deshacen a su antojo, en lo que se refleja en los 73 homicidios presentados este año en el país.
Esta cifra nos indica el desamparo y la tragedia que afrontan estas personas, cuyo trabajo social los convierte en blanco de los gestores de la violencia, como lo muestra la terrible cifra de muertos que acabamos de dar a conocer, en los primeros seis meses del año.
Tenemos que comenzando este mes de junio, tuvimos en el departamento de Nariño, el horripilante asesinato del que fueron víctimas, el líder indígena, Aurelio Araujo, quien era el representante legal de la organización Camawari y sus dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, (UNP), Jesús Albeiro Chávez y Jackson Solarte, hecho registrado en el municipio de Ricaurte.
Nos estamos refiriendo a un triple homicidio que conmovió al país, por las características de extrema crueldad de los asesinos quienes balearon a sus víctimas y luego le prendieron fuego al vehículo en que se movilizaban, en un ataque que se une a otros hechos de violencia que se vienen presentando en el departamento, como el atentado contra el líder indígena, William Arias, que tuvo como escenario el municipio de Barbacoas.
Pero aparte de Nariño, estos días han sido nefastos para los líderes indígenas y sociales, puesto que se han producido ataques contra ellos, en el departamento del Chocó, mientras que, en el departamento de Antioquia, en las últimas horas fue asesinado en zona rural del municipio de Anorí, el líder indígena, Iván Causil, episodios criminales cuya autoría son los grupos armados ilegales que hoy azotan diferentes regiones de la geografía nacional.
A lo anterior se une una serie de amenazas e intimidaciones en diferentes zonas del país, como las que sufre en estos momentos, el líder Awá, Miguel Caicedo en el municipio de Ricaurte, Nariño, en lo que parece ser una secuela del reciente triple asesinato presentado en la zona.
Todo esto nos indica que, en estos momentos, los líderes indígenas y sociales de Colombia, están con la lápida a las espaldas, expuestos a ser asesinados en cualquier momento por los violentos.
En ese sentido es muy preocupante saber que a pesar de los constantes llamados de auxilio hechos por ellos y ellas, a las autoridades, en torno a las amenazas contra sus vidas, estamos viendo con escalofriante claridad que la protección que se les brinda, -cuando se les da después de mucho rogar, es totalmente ineficaz, como se pudo comprobar en el terrible triple asesinato ocurrido en el sur del país, donde los encargados de proteger a la persona amenazada se convirtieron a su vez, en víctimas.
Por lo tanto, es necesaria la intervención del Gobierno, ante este recrudecimiento de la violencia contra los líderes, lo que debe hacerse con una fuerte presencia de la fuerza pública en las zonas donde los alzados en armas buscan imponer su ley de sangre.
Nos parece aberrante que los líderes indígenas y sociales tengan que pagar con su vida, el hecho de defender a las comunidades y de proteger a la naturaleza de la espantosa devastación que le causa, actividades criminales como la minería ilegal.
Ese es su “gran pecado” y por eso los matan. ¡No hay derecho!