En las últimas semanas, Pasto ha sido sacudido por hechos que no solo conmueven, sino que indignan profundamente. Tres mujeres han sido víctimas de actos violentos que reflejan una dolorosa realidad que se extiende como sombra sobre nuestra ciudad. Una joven brutalmente golpeada por un empresario, otra mujer víctima de violencia intrafamiliar que murió tras la explosión de un cilindro de gas provocado por su pareja, y más recientemente, una adulta mayor que fue violada y asesinada por delincuentes que ingresaron a su vivienda en el barrio Santa Matilde.
Estos hechos no pueden ni deben ser tratados como simples notas de crónica roja. Detrás de cada una de estas mujeres había una vida, una historia, una familia. Lo que ha ocurrido en Pasto en los últimos días es un reflejo de la crisis social y moral que enfrentamos como sociedad. La violencia contra la mujer no es un problema aislado, no ocurre por “casos excepcionales” ni por “males individuales”. Es estructural, sistemática y sostenida por una cultura de impunidad, silencio e indiferencia.
¿Qué está pasando con la seguridad de las mujeres en Pasto? ¿Por qué pareciera que en lugar de avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria, retrocedemos hacia escenarios de barbarie? ¿Dónde están las acciones concretas de las autoridades para prevenir estos actos? Lamentablemente, lo que vemos cada vez que ocurre un feminicidio o una agresión es un patrón repetido: comunicados oficiales de rechazo, mensajes de solidaridad en redes sociales y promesas de investigaciones que pocas veces derivan en sanciones ejemplares.
La ciudadanía está cansada de respuestas tibias ante hechos tan atroces. El problema no se resuelve con discursos ni con indignación pasajera. Se necesita una política pública real, sostenida y con enfoque de género. Es urgente fortalecer las rutas de atención a las víctimas, garantizar que las mujeres tengan acceso a refugios seguros, asesoría legal, atención psicológica oportuna, y sobre todo, una justicia que actúe con celeridad y contundencia. La prevención debe estar en el centro de las políticas públicas: educación, cultura, vigilancia efectiva en los barrios y formación comunitaria para identificar y denunciar los signos tempranos de violencia.
Lo que ocurre hoy en Pasto no es solo un reflejo de la falta de control institucional, sino también de una sociedad que muchas veces normaliza, minimiza o calla frente a los abusos. Es deber de todos —ciudadanía, medios de comunicación, instituciones, líderes sociales— romper con ese silencio y transformar la indignación en acción.
No podemos permitir que estos crímenes se pierdan en la estadística. Cada nombre, cada rostro, cada historia importa. Las mujeres de Pasto merecen caminar seguras, vivir sin miedo y tener garantías plenas de sus derechos. No podemos seguir permitiendo que la violencia machista se camufle bajo excusas o se archive en el olvido.
Desde este espacio, hacemos un llamado urgente a las autoridades locales y nacionales: ¡actúen ya! El tiempo de los comunicados terminó. Es hora de una respuesta integral, firme y coherente con la gravedad de los hechos. Pasto no puede seguir llorando a sus hijas. Merece ser una ciudad donde las mujeres vivan libres, seguras y respetadas.
Porque cuando una mujer es violentada, toda la sociedad sangra. Y ya hemos sangrado demasiado.