La propuesta del Gobierno Nacional de convocar una consulta popular por decreto ha desatado una nueva controversia jurídica y política en Colombia. Según Alfonso Portela, exfuncionario de la Registraduría Nacional y experto en procesos electorales, esta decisión podría ser inconstitucional y constituir incluso un delito de prevaricato.
El presidente Gustavo Petro anunció recientemente su intención de convocar una consulta popular para respaldar algunas de sus reformas sociales, luego de que el Senado negara su viabilidad en una votación realizada los días 13 y 14 de mayo. No obstante, Portela asegura que dicho procedimiento no puede ser reemplazado por un decreto ejecutivo.
“Es totalmente contrario a la Constitución y a la ley. El trámite exige aprobación del Senado. Saltarse ese paso implica una violación directa del orden jurídico”, afirmó el experto.
📜 ¿Qué dice la ley sobre la consulta popular?
De acuerdo con el artículo 104 de la Constitución, las consultas populares deben ser previamente aprobadas por el Senado, que evalúa su conveniencia. Portela recalca que esta votación ya se surtió en el Congreso y que el secretario general del Senado certificó que el trámite fue realizado correctamente.
El exfuncionario advierte que si el Gobierno emite un decreto ignorando esta decisión del Legislativo, el documento estaría “viciado de nulidad” y podría ser suspendido provisionalmente por un juez. En ese contexto, la Registraduría Nacional tampoco debería avanzar en la programación del proceso electoral.
⚖️ ¿Prevaricato por parte del Ejecutivo?
Más allá de la ilegalidad del procedimiento, Portela advierte que el presidente y sus ministros podrían exponerse a cargos por prevaricato, es decir, por dictar actos administrativos a sabiendas de su ilegalidad. Lo mismo aplicaría para el registrador nacional, si llegara a establecer un calendario electoral sin contar con el concepto favorable del Senado.
“No es el Gobierno quien debe decidir si el trámite en el Senado fue inconstitucional. Eso le corresponde a una autoridad competente, como la Corte Constitucional”, añadió.
❗ Conclusión: una decisión que podría escalar judicialmente
Portela concluye que existe una mala interpretación jurídica por parte del Gobierno respecto al proceso surtido en el Congreso. Por tanto, insta a que se respete el procedimiento constitucional y se acuda a las vías judiciales para resolver cualquier controversia.
Mientras tanto, el país se mantiene atento a si el Gobierno avanza con el polémico decreto y a las posibles consecuencias legales de esta decisión sin precedentes.