Un nuevo episodio de violencia sacudió el domingo al centro de detención transitoria conocido como la ‘Carceleta Las Américas’, ubicado en pleno centro de la capital de Nariño. Hacia las 7:30 de la mañana, un grupo de Personas Privadas de la Libertad (PPL) protagonizó un fuerte amotinamiento que dejó un saldo de siete policías heridos, todos con quemaduras de diversa gravedad.
El hecho, según las primeras versiones recogidas por las autoridades y por familiares de los detenidos, fue desencadenado por denuncias de presuntos actos de corrupción y negligencia al interior del centro de reclusión.
Acusaciones
Entre las acusaciones más graves se encuentra la manipulación indebida de alimentos y objetos personales que familiares llevan a los internos. «Lo que uno entrega afuera, no siempre llega adentro», denunció una mujer a las afueras del lugar, quien afirma que lleva meses intentando hacer llegar medicamentos a su hijo sin éxito.
De acuerdo con la secretaria de Salud de Pasto, Maryluz Castillo Rosero, fueron necesarios varios equipos médicos para ingresar a la carceleta y atender a los heridos. “Recibimos reporte de siete miembros de la Policía Metropolitana con quemaduras considerables, algunos de ellos en el rostro y extremidades. También atendimos a varios internos con lesiones leves producto de la confrontación y del uso de gases para controlar la situación”, informó la funcionaria.
Las imágenes del lugar muestran vidrios rotos, colchonetas quemadas y puertas forzadas, testigos de una jornada de caos que se extendió por varias horas. La situación fue controlada finalmente por unidades especiales de la Policía Nacional y del Inpec, con apoyo de personal de salud y organismos de emergencia.
Investigación
El motín no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un colapso institucional más profundo. La llamada ‘carceleta’, originalmente pensada como un lugar transitorio para sindicados en espera de proceso, opera hoy como un centro de reclusión permanente, en condiciones precarias y con hacinamiento severo.
Defensores de derechos humanos y colectivos ciudadanos han denunciado desde hace años la situación crítica de este espacio, donde permanecen más de 70 personas en un lugar diseñado para menos de 30, sin acceso adecuado a servicios médicos, alimentación digna o asesoría jurídica.
La Policía Metropolitana de Pasto confirmó que ha iniciado una investigación para determinar las responsabilidades en los hechos y aclarar si existen irregularidades en el manejo interno del centro. Así mismo, la Fiscalía General de la Nación abrió una línea para recibir denuncias de familiares que aseguren haber sido víctimas de corrupción o manipulación de objetos entregados.