En un nuevo y preocupante episodio de violencia contra líderes sociales e indígenas en el suroccidente del país, la noche del domingo 1 de junio se registró un atentado contra la vida del dirigente indígena William Arias, actual gobernador suplente del resguardo Quejuambi Feliciana, ubicado en el municipio de Tumaco, Nariño.
Según información proporcionada por la Unidad Indígena del Pueblo AWÁ (UNIPA), el ataque se produjo alrededor de las 9:30 p.m. en el tramo comprendido entre Junín y El Diviso, en el municipio de Barbacoas, sobre la vía nacional que conecta a Pasto, con el litoral Pacífico.
La vía, ya reconocida por su compleja situación de seguridad, fue escenario de este nuevo hecho de violencia que, aunque no dejó víctimas fatales ni heridos, ha encendido las alarmas entre las comunidades indígenas de la región.
Versiones
De acuerdo con versiones extraoficiales recopiladas por testigos, el atentado fue perpetrado por al menos cuatro individuos vestidos con prendas de uso militar. Estos interceptaron el vehículo en el que se transportaba Arias, un automóvil asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), y dispararon repetidamente contra el mismo antes de darse a la fuga.
Aunque el dirigente salió ileso del ataque, el hecho ha generado una profunda preocupación dentro de la UNIPA y entre las autoridades indígenas del departamento, quienes advierten sobre el progresivo deterioro de las condiciones de seguridad para sus representantes.
Rider Pai Nastacuas, consejero mayor de la UNIPA, denunció que William Arias ha sido objeto de constantes amenazas de muerte por parte de grupos armados ilegales que operan en la zona, en su mayoría relacionados con economías ilegales y disputas territoriales.
Medidas
A pesar de esto, según indicó el consejero, la UNP redujo las medidas de seguridad del dirigente: “Pasó de tener un carro blindado a un vehículo convencional, lo que demuestra una falta de voluntad del Estado para proteger la vida de nuestros líderes”.
Pai Nastacuas expresó su preocupación por lo que calificó como una “desprotección sistemática” hacia los líderes del pueblo AWÁ y pidió con urgencia que el Estado colombiano asuma su responsabilidad en la protección de quienes defienden los derechos colectivos, el territorio y la vida.
La organización UNIPA hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que se realice una investigación exhaustiva y transparente no solo de este atentado, sino también de otros hechos similares ocurridos en los últimos meses. «No es un caso aislado», señaló Pai Nastacuas. «Desde hace tiempo hemos venido denunciando una oleada de amenazas, persecuciones y atentados contra nuestros líderes, sin que hasta el momento haya resultados concretos en las investigaciones».
Violencia
Según datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, los pueblos indígenas del suroccidente del país, especialmente en departamentos como Nariño y Cauca, continúan siendo blanco de violencia sistemática por parte de diversos actores armados ilegales, que buscan controlar territorios estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades ilícitas.
El resguardo Quejuambi Feliciana, donde Arias ejerce como gobernador suplente, ha sido históricamente una de las zonas más afectadas por la presencia de grupos armados y el abandono estatal. Las comunidades han denunciado en reiteradas ocasiones la falta de presencia institucional, así como el incumplimiento de medidas de protección colectivas.
El llamado hoy es claro: se exige justicia, protección efectiva y una verdadera voluntad política para garantizar el derecho a la vida de quienes defienden sus comunidades. Mientras tanto, la incertidumbre y el temor persisten entre las familias AWÁ, que cada día enfrentan el peligro latente de la violencia.