Erika Perèz acusada de abuso policial salió por primera vez a dar declaraciòn
El caso de la patrullera Erika Judith Pérez, acusada de agredir a un ciudadano durante un operativo policial en la localidad de Suba, Bogotá, ha dado un giro inesperado tras su más reciente declaración ante las autoridades disciplinarias. La uniformada, adscrita a la Policía Metropolitana, aseguró que el joven que la grabó durante la intervención la habría extorsionado durante al menos cuatro meses, exigiéndole un millón de pesos para no hacer públicos los videos del procedimiento.
Hechos
Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2024 durante un operativo en el humedal Juan Amarillo, tras el reporte de una persona herida con arma blanca. En ese contexto, la patrullera Erika Pérez habría golpeado al joven identificado como Juan Sebastián, quien se negó a ser requisado y grabó parte del procedimiento. El video se viralizó en redes sociales meses después y motivó un pliego de cargos contra la agente por parte de la Procuraduría General de la Nación, que la investiga por una presunta falta gravísima a título de dolo.
La versión de la patrullera
Sin embargo, Erika Pérez manifestó que Juan Sebastián la presionó durante meses con amenazas de divulgar los videos a cambio de dinero. Como respaldo de su versión, presentó capturas de chats en los que, presuntamente, el joven le exigía el millón de pesos. Además, señaló que la denuncia formal por parte de Juan Sebastián fue interpuesta cuatro meses después del operativo, lo que en su opinión demuestra una intención deliberada de extorsión y no de búsqueda de justicia inmediata.
El proceso continúa
El testimonio de Pérez podría tener un impacto significativo en el proceso disciplinario en su contra. Aunque el video difundido muestra un momento de agresión, ahora la Procuraduría deberá evaluar también este nuevo contexto y los elementos probatorios presentados por la defensa de la patrullera.
Por ahora, Pérez fue notificada formalmente del pliego de cargos, y el proceso continúa. Las autoridades deben determinar si hubo exceso de la fuerza por parte de la uniformada o si, como argumenta ella, fue víctima de un intento de extorsión. El caso ha generado amplio debate sobre el uso de la fuerza, el derecho a grabar procedimientos policiales y la responsabilidad que ambos actores tienen en situaciones de tensión como estas.