El escándalo de Ecopetrol sigue en aumento, por lo que se anticipó que el presidente de la empresa, Ricardo Roa, dejará su cargo, mientras que, al presidente de la junta directiva de la entidad, el excongresista nariñense,
Guillermo García Realpe, se le exige que entregue mayor información sobre hechos en los que un contrato de 875 mil dólares, pasó a 5.8 millones de dólares.
La causa de esta situación que hoy conmociona al paìs es la información que se suministró en las últimas horas en torno a un contrato con la firma Covington-Burling LLP, cuya finalidad era investigar en Estados Unidos, el impacto de las investigaciones contra Ricardo Roa, lo que agravó la crisis en la junta directiva de Ecopetrol.
Lo cierto es que la actual situación de Ecopetrol, está marcada por la confusión y desacuerdos internos sobre quién aprobó el aumento del contrato y las medidas adoptadas, como la retención de información clasificada y la revisión de dispositivos electrónicos, lo que será investigado.
“Operación Casita”
Sobre este escándalo se indicó que un reducido grupo de altos funcionarios de Ecopetrol tenía conocimiento de la denominada ‘Operación Casita’, un proceso que involucra a la firma de abogados estadounidense Covington & Burling LLP y que está relacionado con investigaciones sobre el presidente de la petrolera, Ricardo Roa Barragán.
Esta operación fue diseñada para abordar inquietudes sobre políticas internas, procesos y posibles repercusiones legales en Estados Unidos, donde la compañía cotiza en bolsa.
Versiones encontradas
Lo que se sabe por el momento es que la junta directiva, en cabeza de Guillermo Garcia, aprobó el contrato, el cual se firmó el año pasado, pero no existe claridad sobre la ampliación del contrato, lo que iba a representar el pago de 5,8 millones de dólares. Es de anotar, que aunque García Realpe calificó de “grave y abusiva” la decisión de firmar el otrosí, documentos internos señalan que el otrosí, que amplió su valor, objeto y duración, tenía el visto bueno de la junta directiva, por lo que se pidió una investigación interna.
Por ello ahora se le pide al excongresista nariñense mayores explicaciones, en torno a cómo siendo el presidente de la junta directiva de Ecopetrol, no se había percatado del desmesurado aumento del contrato, a lo que el directivo aduce que la junta directiva no autorizó la firma de la ampliación del contrato.
Investigación interna
Al respecto García Realpe expresó que el tema está en investigación interna: «Están operando los mecanismos de control, la vicepresidencia jurídica que tiene responsabilidades al respecto y la junta directiva, aquí hay un poco de mecanismos en los alcances de ese otrosí abusivo, pero ya lo demás, temas de responsabilidades personales, el alcance de sus decisiones y el análisis ya es motivo de temas internos que están amparados por reserva y confidencialidad. Me pueden poner en uniforme anaranjado y con números».
Se exige un completo informe
Es de señalar que ante las dobles versiones: miembros de la junta, que-dicen que desconocían la existencia del contrato y del otrosí, se está exigiendo un informe para establecer si alguien suplantó a la máxima autoridad de la petrolera y, de manera directa, también están emplazando a Alberto José Vergara Monterrosa, actual director Corporativo de Cumplimiento de Ecopetrol, que tiene injerencia en todas sus filiales.
TITULO (RECUADRO)
Historia del proceso
Es de destacar al respecto que ayer en el Noticiero del Mediodía de Caracol Radio, se dieron a conocer actas de auditoria y de la junta directiva de Ecopetrol, donde se dan a conocer nuevos detalles en torno a la historia del polémico contrato con la firma Covington & Burling LLP lo que llevo ayer a Ecopetrol, a convocar a una reunión extraordinaria, con el objetivo de tomar decisiones ante las presuntas irregularidades en el aumento desproporcionado de 875 mil a 5,8 millones de dólares.
A la reunión de la asamblea en pleno fue citado Alberto Vergara, director de cumplimiento, y quién sería el responsable del Otrosí al contrato, sin que hubiese sido autorizado por la Junta Directiva ni por la Presidencia de Ecopetrol, como se evidenciaría en las actas publicadas por este medio.
La Dirección Corporativa de Cumplimiento de Ecopetrol a cargo de Alberto Vergara inició el proceso para contratar la firma que adelantara la asesoría legal, frente a la reputación del presidente, Ricardo Roa, en medio de las investigaciones y cuestionamientos en su contra, por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Petro 2022-2026.
Se presentaron 4 firmas y Covington & Burling LLP logró hacerse al contrato por USD$875.000 dólares, firmado el 29 de agosto de 2024 para evaluar riesgos reputacionales y regulatorios relacionados con eventuales investigaciones de la SEC y posibles implicaciones de la Ley FCPA..
Covington entregó dos memorandos, entre septiembre y octubre de 2024, en los que concluyó que era poco probable que la SEC iniciara una investigación formal contra Ecopetrol por los hechos relacionados con el presidente Roa.
Según fuentes de Ecopetrol la Dirección de Cumplimiento opera de forma autónoma en estas contrataciones. El presidente Ricardo Roa no participó ni fue informado del detalle del contrato con Covington, según normas de gobierno corporativo.
Aseguran que, como se evidencia en las actas, se firmó un otrosí el 1 de diciembre de 2024, que elevó el contrato hasta los 5,8 millones de dólares, que no fue informada ni aprobada por la Junta Directiva, ni por la Presidencia de Ecopetrol, en una situación que dadas las circunstancias amerita una completa investigación.
Indignación
Es la sesión de Junta del 28 de febrero de 2024, el presidente Roa manifestó su indignación por ser citado a entrevista por Covington, y cuándo le retiraron su computador y celular corporativo para inspección forense, hecho que no fue informado previamente a la Junta ni estaba contemplado en el contrato original.
Es en este momento que la Junta Directiva se entera de la ampliación del contrato y de las competencias del trabajo adelantado por Covington.
Las fuentes consultadas aseguran que para ese momento, se habían ejecutado cerca de USD$ 1.6 millones de dólares del total pactado en el otrosí, excediendo el monto de los USD$ 875 mil dólares del contrato original.
La junta directiva entonces tomó la decisión de suspender el contrato e iniciar las indagaciones internas, para establecer presuntas irregularidades en la ampliación que no habría sido autorizada por la Junta Directiva, ni de la que tenía conocimiento el presidente Roa.
TITULO (RECUADRO)
La iguana en problemas
Este caso del contrato con la empresa Covington & Burling, que saltó de 875 mil dólares a 5,8 millones de dólares para medir el impacto de los procesos y señalamientos contra Ricardo Roa, presidente de la estatal, se une a la “mala hora”, por la que atraviesa en estos momentos, la empresa Ecopetrol, la cual, encima de los escándalos que la están azotando, afronta su peor crisis económica en los últimos cinco años.
En torno a los episodios que son considerados como de mayor gravedad aparece la investigación a la campaña Petro Presidente, -de la que Ricardo Roa fue gerente-, la cual se adelanta por la presunta violación de topes en los gastos de campaña, una acción que tiene consecuencias penales.
Por lo pronto, el escándalo ya causó sus primeras secuelas, con la renuncia de la integrante de la junta directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, quien dimitió al estallar el escándalo.