Hay que reconocer que pagar impuestos es una responsabilidad social poco agradable para muchas personas. Pocos lo hacen con gusto, muchos lo ven como un “mal necesario”, y otros, incluso, buscan la forma de evadirlo.
Los impuestos, o tributos, son la forma como el Estado obtiene sus ingresos para asegurar un adecuado funcionamiento de lo público. Casi todos somos objeto de cobro directo de impuestos como producto de nuestra actividad e ingresos laborales (por ejemplo, retenciones en la fuente), nuestro patrimonios y propiedades (predial e impuesto sobre la renta), nuestros vehículos y comercios. También pagamos impuestos indirectos (muchas veces sin saberlo) al adquirir distintos productos en el comercio (aranceles de importación, IVA), impuesto por mover el dinero en los bancos (4 por mil), y hasta por movilizarnos en las carreteras (peajes, entre otros cobros indirectos que se usan para financiar aspectos públicos como la malla vial).
Al fin y al cabo, el Estado debe sostener casi 1.5 millones de familias que dependen directamente de contratos con el Gobierno Central y sus entidades; debe dar subsidios sociales (por ejemplo a hogares en pobreza extrema -Renta Ciudadana-; a adultos mayores sin pensión -Colombia Mayor-; y apoyos de vivienda -Mi Casa Ya-, entre otros); debe brindar educación gratuita (casi 800 mil estudiantes en la universidad pública con matrícula cero); debe ofrecer un sistema de salud a personas marginadas o no aseguradas, así como brindar seguridad en todo el territorio, y poner a funcionar los planes sociales, de infraestructura y programas públicos de todos los ministerios y entidades descentralizadas.
Si bien los impuestos que pagamos nos impactan el bolsillo y la economía familiar, estos representan menos del 20 % de todo el recaudo que hace el Gobierno. Gracias a las ganancias y la tributación de grandes empresas del estado o en las que éste tiene participación, como por ejemplo Ecopetrol, ISA, EPM…y la explotación de recursos naturales, entre otros, se completan las finanzas públicas.
Lo ideal, piensan algunos, es que el Estado no dependa de los impuestos de los ciudadanos, pero en sistemas fiscales como el nuestro hasta ahora esto no ha sido posible. Vivimos en medio de un laberinto sin salida: Para atender la cada vez mayor demanda de la población de más inversiones, subsidios y salarios, el Gobierno (sea cual sea) debe salir a buscar más recursos (léase impuestos), y mientras más tributos se creen, aumenta la posibilidad de evasión.
La tributación, en sistemas democráticos como el nuestro, se fundamenta en el principio de corresponsabilidad social con el destino de lo público, de lo que todos hacemos parte. Mientras más se tenga, más se debe tributar. Es decir, tenemos la obligación cívica de contribuir en la medida de lo posible a sostener el Estado (que somos todos). La evasión de impuestos no solo es ilegal, sino que es insolidaria e inequitativa, pues presiona al Gobierno a aumentar tributos. Paradójicamente muchos de quienes critican fallos en las políticas públicas son evasores.
También hay que reconocer que mientras perviven dramáticas situaciones sociales (pobreza, hambruna, mala atención en salud, inseguridad…) hay gobiernos que gastan más de lo debido, no controlan la evasión, cohonestan la corrupción y caen en un riesgoso populismo de ofertas de subsidios y despilfarro. Y eso lleva a que los ciudadanos piensen que no vale la pena pagar impuestos. Hay razones de peso para ello, pero no pagar impuestos es mucho más perjudicial. Incumplir con los impuestos es una forma de robarse dineros que no son propios, pues la ley así lo define, y eso genera también inflación y, por ende, más pobreza. Sigue el círculo vicioso. Curiosamente en los países con mínima evasión, hay una altísima inversión del Estado en el bienestar de la ciudadanía que, a su vez, paga muy altos impuestos.
Más que un tema de dinero, la tributación es un asunto de conciencia social y de responsabilidad patriótica. Es la disposición a contribuir al desarrollo de la patria, gracias a las posibilidades alcanzadas por cada uno de construir capital, recibir ingresos, y comprar bienes y servicios. Porque sin impuestos, el Estado no podría funcionar y no habría condiciones para laborar, vivir y convivir adecuadamente.