La continuidad de Luz Adriana Camargo como fiscal general de la Nación está en suspenso. La Sección Quinta del Consejo de Estado se alista para tomar una decisión que podría dejar acéfala a una de las instituciones más importantes del país, tras las demandas que cuestionan su elección.
Las pruebas que no llegan y la tensión entre poderes
Desde hace más de un mes, el alto tribunal ha solicitado en tres oportunidades a la Presidencia de la República una serie de documentos clave del expediente administrativo de la elección, sin obtener respuesta. La última solicitud fue reiterada por correo electrónico el 12 de mayo, dejando constancia de la mora en la entrega de las pruebas.
La falta de colaboración por parte del Ejecutivo ha causado incomodidad entre algunos magistrados, quienes interpretan esta omisión como una maniobra para dilatar el fallo y sostener a Camargo en el cargo mientras persiste la incertidumbre jurídica.
El punto de quiebre: la renuncia de una integrante de la terna
El acto de elección fue demandado bajo el argumento de que se produjo en una terna incompleta, luego de la renuncia de Amelia Pérez Parra, quien abandonó su postulación minutos antes de la sesión extraordinaria de la Corte Suprema de Justicia del 12 de marzo de 2024, en la que se eligió a Camargo.
Pese a que la Corte alegó no tener competencia para aceptar la renuncia –pues la terna había sido enviada por el presidente Petro–, los demandantes consideran que la elección fue irregular por haberse hecho con solo dos candidatos válidos.
Una testigo clave rechazada y la presión por escucharla
Los demandantes han insistido en que Amelia Pérez Parra sea escuchada como testigo, pues su versión podría aclarar si hubo presiones o maniobras irregulares desde la Casa de Nariño. Sin embargo, la Sección Quinta rechazó inicialmente su testimonio por considerarlo “impertinente e inútil”.
Ante la insistencia de los abogados, y pese a una sentencia anticipada, no se descarta que la directora de la SAE pueda ser incluida finalmente como testigo.
Consejeros divididos y una decisión inminente
Según fuentes judiciales, dos magistrados consideran que hubo irregularidades en la elección, uno se inclina por rechazar la demanda y otro permanece indeciso
Además, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje) fue reconocida como interviniente en el proceso, apoyando la legalidad de la elección de Camargo y defendiendo la colaboración entre las ramas del poder.
Sombras políticas y nuevos cuestionamientos
Mientras se resuelve su situación jurídica, la fiscal enfrenta críticas por su gestión. Aunque ya hay órdenes de captura contra Iván Name y Andrés Calle por el escándalo de la UNGRD, otros altos funcionarios del Gobierno siguen en libertad, lo que ha generado cuestionamientos sobre un posible trato selectivo en las investigaciones.
Incluso, la exconsejera Sandra Ortiz, detenida por el caso, ha sugerido que Camargo estaría encubriendo a personas del círculo cercano al poder. El nombre del magistrado Vladimir Fernández, hoy en la Corte Constitucional y presuntamente favorecido por ese entramado, también ha sido mencionado como posible actor clave en la elección de Camargo.
Una elección bajo la lupa
La incertidumbre crece en torno al futuro de la fiscal general. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si su elección fue legítima o si, como advierten los demandantes, fue producto de una terna viciada y presiones externas.
El país está a la espera de una decisión judicial que, más allá del destino de una funcionaria, puede redefinir los equilibrios institucionales en Colombia.