El reconocido abogado Miguel Ángel del Río, considerado la voz jurídica del petrismo en Colombia, contrajo matrimonio el pasado 21 de febrero con Railin Elizabeth Yépez (alias Ely Jeims), una modelo venezolana incluida en la investigación de corrupción más sonada de los últimos años en PDVSA.
Una boda que sorprende a las diplomacias
La unión se formalizó en la Notaría Primera de Sitionuevo (Magdalena) mediante escritura pública 019-2025, y la pareja celebró con una ceremonia frente al mar en la exclusiva isla de Matamba, cerca de Cartagena. El acontecimiento sacude las relaciones entre Bogotá y Caracas, pues la esposa del abogado figura en la lista de las llamadas “muñecas de la mafia” del expediente que llevó a prisión a exfuncionarios de la petrolera venezolana, incluido el exvicepresidente Tareck El Aissami.
Señalamientos en Venezuela
En aquel proceso judicial, el fiscal Tarek William Saab la vinculó con una red de lavado de activos y una presunta red de prostitución al servicio de jerarcas de PDVSA. Según la Fiscalía venezolana, la modelo habría participado en transacciones multimillonarias que permitieron desfalcar a la estatal por alrededor de 21.000 millones de dólares, movidos a través de embarques de crudo y envíos de efectivo en aviones privados.
Railin Elizabeth ha negado cada uno de los cargos y califica las pesquisas como una “persecución política”. En un documento remitido a medios, asegura no tener antecedentes y promete demostrar su inocencia ante tribunales de Venezuela y organismos internacionales.
El dilema diplomático
Aunque las autoridades venezolanas aseguran que pesa sobre ella una orden de captura
La defensa del esposo
Del Río declaró como abogado y como cónyuge, “protegerá” a su esposa y agotará “todas las instancias legales” para desvirtuar las acusaciones, que califica de “injustas” y sin “soporte probatorio”. Según él, el proceso contra Railin es un ataque con “motivaciones misóginas y políticas”.
El matrimonio Del Río–Yépez abre un nuevo capítulo en la compleja relación bilateral Colombia–Venezuela y pone en la mira al Gobierno de Gustavo Petro, que deberá definir su postura frente a una ciudadana acusada en un caso de corrupción transnacional.