A menos de dos meses de que las entidades territoriales deban asumir de forma definitiva la alimentación de las personas privadas de la libertad (PPL) en centros de detención transitoria, los alcaldes del país han encendido las alarmas ante lo que podría convertirse en una crisis humanitaria.
Pasto, no es la excepción, según datos, el sostenimiento de las personas privadas de la libertad tendría un coto de al menos cinco mil millones de pesos, recursos que eran entregados por el Gobierno Nacional, pero que ahora deberán asumir los alcaldes, lo que ha generado un gran descontento en los burgomaestres del país.
Debido a que el municipio de Pasto no tendría los recursos económicos pertinentes, sería necesario disminuir el presupuesto de programas sociales y de beneficio para las poblaciones más vulnerables, para posteriormente ser destinadas al sostenimiento de los privados de la libertad. Pese al inconformismo manifestado por distintos alcaldes, al parecer el gobierno nacional no tendría intención de reversar la medida.
La preocupación surge tras la aprobación de la Ley 2346 de 2024, que establece un régimen transitorio en el que la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) seguirá prestando el servicio de alimentación hasta el 30 de junio de 2025. A partir del 1 de julio, esta responsabilidad recaerá sobre municipios y departamentos.