En las últimas horas el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, dijo que ha tenido noticias positivas en torno al decreto que hace 20 años, declaró zona de amenaza volcánica a tres municipios, lo que durante esas dos décadas frenó su desarrollo.
Se trata de los municipios de Pasto, Nariño y La Florida que fueron afectados durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, por el decreto 4106 puesto en vigencia el 15 de noviembre del 2005.
En efecto, la mencionada medida paralizó de manera inmediata la inversión pública, por lo que en estos momentos dirigentes de movimientos como Territorio Galeras, le presentaron al Gobierno Nacional un Plan Integral de Gestión de Riesgo, lo que al parecer empezó a dar resultados.
Es así como el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, expresó que se tienen noticias referentes a que el Gobierno Nacional considera en estos momentos la posibilidad de dejar sin efecto ese decreto, lo que se constituiría en una excelente noticia para estas tres importantes zonas del departamento de Nariño.
“Se trata de un decreto que ha causado innumerables perjuicios. En el caso de Pasto, tenemos que debido a su vigencia, ha sido imposible estructurar el Plan de Ordenamiento Territorial POT, además de que ha sido la causa para que no puedan hacer múltiples obras, como ocurrió hace poco en el corregimiento de Genoy, con un proyecto que no se pudo hacer por culpa del decreto 4106.”, expresó el mandatario municipal.
Más perjuicios
Igualmente, los alcaldes de La Florida, Andrés Díaz Muñoz y de Nariño, Roberto Betancourt, señalaron que sus municipios se han visto seriamente afectados por el decreto que ya completa 20 años de vigencia.
Es así, como Díaz Muñoz, Betancourt y el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, le presentaron al Gobierno Nacional un Plan Integral de Gestión de Riesgo por 600 mil millones de pesos.
Se trata de un plan, en el que se incluyen, obras de carácter prioritario para los tres municipios para proyectos en salud, infraestructura víal, puentes, agroindustria, educación y desarrollo social, entre otros objetivos. En ese sentido, en un principio, se tuvo una respuesta por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en el sentido que solo se dispondría de 1.200 millones de pesos, lo que no alcanzaría para atender las grandes necesidades que se acumularon en dos décadas.
Sin embargo, ahora se cuenta con la posibilidad de la derogatoria del decreto, lo que de acuerdo con lo que manifiesta el alcalde de Nariño, Roberto Betancourt es urgente, puesto que en estos instantes su región atraviesa por una delicada falta de inversión, en sectores de tanta transcendencia
Un sentido clamor
Al respecto, el presidente del Movimiento Territorio Galeras, Edgar Henry Torres Palma, señaló que existe una sentencia constitucional que obliga al Estado a ejecutar inversiones integrales en estos municipios, bajo el principio de participación activa de las comunidades. “Cero inversiones ha significado cero desarrollos. Son 20 años de retraso y empobrecimiento”, expresó el dirigente.
Por su parte, el gobernador indígena de Genoy, José Henry Criollo, fue enfático: «las condiciones educativas, el agro y el empleo están estancados». Añadió que esta situación representa una deuda histórica, y exige que se reasignen los recursos de forma urgente y efectiva.
Igualmente, el alcalde de La Florida, de La Florida, Andrés Díaz Muñoz, afirmó que su municipio tuvo que demoler un barrio entero y centros de recreación, y que esta situación no tiene precedentes en el país. A pesar de los compromisos asumidos en distintos gobiernos, el desarrollo nunca llegó.