En una decisión que representa un paso significativo hacia la reparación histórica de las comunidades afrodescendientes, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Pasto admitió la demanda presentada en favor del Consejo Comunitario La Nupa del río Caunapí, ubicado en el distrito de Tumaco. Esta acción judicial permitirá avanzar en la restitución de 404 hectáreas y 3.106 metros cuadrados en beneficio de 371 personas pertenecientes a esta comunidad.
La demanda, interpuesta por la Unidad de Restitución de Tierras (URT) a través de su Dirección Territorial en Nariño, busca restablecer los derechos territoriales de una comunidad que ha sufrido históricamente los impactos del conflicto armado, la violencia y el abandono estatal.
Según lo establecido por el juzgado, ya se ha ordenado la notificación a las entidades competentes y la recolección de pruebas que respalden la demanda. Además, se exigió la implementación de medidas que garanticen la seguridad de las familias involucradas.
Obstáculos
Las familias del Consejo Comunitario La Nupa han enfrentado numerosos obstáculos para acceder y ejercer control sobre sus tierras ancestrales. La falta de garantías ha restringido no solo su desarrollo económico, sino también la conservación de su identidad cultural y su modo de vida tradicional. Por eso, la admisión de esta demanda representa un avance fundamental en la protección de los derechos territoriales de esta comunidad.
“La restitución no es solo una entrega física de tierras. Es la posibilidad de volver a sembrar, de recuperar la tranquilidad y de asegurar la pervivencia cultural de nuestros pueblos”, señaló María Estefany Checa Narváez, directora territorial de la URT en Nariño. Bajo su liderazgo, la entidad ha intensificado sus esfuerzos para que los procesos de restitución avancen en la región, donde persisten complejas dinámicas que amenazan la tenencia y uso legítimo del territorio.
Resistencia
Tumaco y la Costa Pacífica nariñense han sido escenarios de múltiples conflictos que han puesto en riesgo el acceso y la permanencia de las comunidades étnicas en sus territorios. Desde desplazamientos forzados hasta la presencia de actores armados ilegales, estas situaciones han generado un profundo arraigo del miedo y la incertidumbre entre sus habitantes.
En este sentido, la restitución de tierras representa más que una reparación material: es un acto de justicia, un reconocimiento a la resistencia de las comunidades y una apuesta por su permanencia digna en el territorio.
“Restituir es también garantizar que las comunidades puedan seguir cultivando, pescando, enseñando sus lenguas, celebrando sus tradiciones. Es permitir que florezca la vida en medio de un entorno que durante años les fue hostil”, destacó Checa Narváez.
Compromiso
La URT ha reiterado su compromiso con una reparación integral que no solo contemple la devolución del territorio, sino también medidas de acompañamiento y sostenibilidad que garanticen el retorno digno y seguro de las comunidades a sus lugares de origen.
En el caso del Consejo Comunitario La Nupa, este proceso también implicará el diseño e implementación de proyectos productivos, acciones de fortalecimiento comunitario y la articulación con otras entidades del Estado para asegurar la presencia institucional en el territorio.
A medida que avanza esta demanda, se espera que más comunidades afrodescendientes puedan ver reflejados sus derechos en decisiones judiciales similares, contribuyendo así a la construcción de una región más justa, equitativa y respetuosa de la diversidad étnica y cultural.
La URT continuará su labor en el departamento de Nariño, reafirmando que la restitución de tierras no es un favor, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado por el Estado colombiano.