En una sociedad democrática, los procesos electorales deberían ser el reflejo de un ejercicio de ciudadanía, donde el pueblo elige a sus líderes para que trabajen en beneficio del bienestar común.
Sin embargo, hoy en día, esos procesos se han convertido en una verdadera guerra de poderes, donde los intereses políticos parecen tener mayor peso que las necesidades de la ciudadanía, especialmente de las clases menos favorecidas. La paradoja radica en que, en lugar de centrarse en las promesas de campaña y en el desarrollo de las regiones, los gobiernos entrantes se ven obligados a defenderse de los ataques de quienes no ganaron las elecciones.
Quienes resultan vencedores en las urnas, respaldados por el voto popular, se enfrentan casi de inmediato a una serie de demandas, acciones populares y otras querellas judiciales interpuestas por la oposición. En lugar de trabajar para cumplir con sus compromisos electorales, deben invertir tiempo y recursos en contrarrestar las acciones legales que buscan deslegitimarlos. Esta situación no solo consume energías que podrían destinarse al desarrollo social y económico, sino que contribuye a una atmósfera de polarización que debilita las instituciones democráticas.
Es cierto que la oposición juega un papel esencial en una democracia saludable. El papel de los opositores es garantizar que quienes gobiernan sean supervisados, que sus decisiones sean cuestionadas y que las promesas se conviertan en realidades.
No obstante, este rol de «veeduría» debería ser constructivo y orientado al bien común, no destructivo. La oposición debería ser un aliado en la creación de políticas que promuevan el desarrollo regional, fomentando el crecimiento económico y la equidad social, en lugar de buscar constantemente la confrontación y la desestabilización.
La pregunta que surge entonces es: ¿por qué los derrotados en las urnas no pueden convertirse en líderes regionales que promuevan el desarrollo, dejando a un lado el ego y la necesidad de engrandecerse a costa de los demás? Quizá sea la incapacidad de muchos de entender que el verdadero liderazgo no radica en la victoria en una contienda electoral, sino en la capacidad de servir al pueblo, de trabajar en conjunto con quienes piensan diferente, de poner el bienestar colectivo por encima de intereses personales o partidarios.
Mientras persista la mentalidad de que la política es solo un campo de batalla para ganar poder, los más desfavorecidos seguirán siendo los grandes damnificados, olvidados en medio de la disputa por el poder.