Por: Javier Recalde Martínez
En las últimas semanas, el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, ha puesto sobre la mesa la Liquidación de la Secretaría de Tránsito y Transporte; un tema que merece ser analizado con profundidad y objetividad: la gestión del servicio público en materia de tránsito y transporte. Estas dos áreas, aunque complementarias, tienen particularidades que las hacen únicas en términos de responsabilidad administrativa y operativa. Mientras algunos servicios registrales fueron concesionados a terceros, en el caso del control por los agentes es factible pasar esta responsabilidad a la policía de tránsito, previa liquidación laboral; otros, como los procesos contravencionales de tránsito y la gestión del transporte público, son competencias directas e indelegables del municipio. Este debate no solo toca intereses políticos y económicos, sino también la calidad de vida de los ciudadanos y la eficiencia de los servicios
públicos.
El tránsito y el transporte tiene dos caras de la misma moneda. Ambos están íntimamente ligados a la movilidad urbana, pero cada uno tiene su propio marco normativo y operativo. En el caso del tránsito, la función principal es garantizar la seguridad vial, regular el comportamiento de conductores y peatones, y sancionar las infracciones que ponen en riesgo la integridad de las personas; un tema en el cual el municipio no muestra buenos indicadores. Aquí, los agentes de tránsito y los inspectores desempeñan un papel clave, ya que son los encargados de hacer cumplir las normas en las calles. Sin embargo, estas funciones no pueden ser liquidadas, delegadas y/o concesionadas; son responsabilidades directas del municipio, tal como lo establece la Ley 769 de 2002, conocida como el Código Nacional de Tránsito.
Por otro lado, el transporte público es un servicio esencial que afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos. Su gestión incluye la planificación, operación, control y vigilancia a las empresas prestadoras del servicio. La supervisión y las decisiones estratégicas siguen siendo responsabilidad exclusiva de la administración local a través de la retrasada puesta en operación del SETP Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. Esto implica que cualquier fallo en la prestación del servicio o en la regulación del mismo recae directamente sobre el gobierno municipal.
Las declaraciones del alcalde Toro sobre liquidar la Secretaría de Tránsito deben analizarse con cautela y desde una perspectiva técnica, legal y transparente, evitando decisiones impulsivas que afecten a trabajadores y ciudadanos; también evitar demandas y conflictos por procesos que están en curso. La movilidad es un derecho fundamental, y cualquier cambio debe priorizar el bienestar de la comunidad. Un desafío clave para el municipio es garantizar recursos humanos y tecnológicos suficientes, pues la falta de personal capacitado y herramientas limita el control efectivo del tránsito y fomenta problemas como informalidad o incumplimiento en las rutas de transporte. En resumen, la gestión del tránsito y transporte es una responsabilidad indelegable del municipio.