Preocupación por la seguridad de las elecciones de 2026 en zonas de conflicto

ADVIERTE SOBRE LA NECESIDAD DE GARANTÍAS

El registrador nacional, Hernán Penagos, hizo un llamado a las autoridades para garantizar condiciones seguras que permitan el ejercicio del voto libre en las elecciones presidenciales y legislativas de 2026. En un contexto de creciente tensión en zonas afectadas por la violencia, Penagos alertó sobre la necesidad de reforzar medidas de seguridad en regiones como Catatumbo, Cauca, Chocó y Putumayo, donde la presencia de grupos armados ilegales representa una amenaza para el proceso electoral.

Intimidación

En entrevista con El Espectador, el funcionario subrayó que, si bien la problemática no afecta a todo el país, existen puntos críticos donde los ciudadanos pueden ver limitado su derecho al sufragio debido a la intimidación de actores armados. “No es todo el territorio nacional, pero hay lugares específicos que requieren atención prioritaria. Ya hemos advertido esta situación al ministro de Defensa y a las Fuerzas Militares”, explicó Penagos.

Partidos

El registrador también destacó que los próximos años estarán marcados por una intensa agenda electoral, con eventos clave en 2025, como las consultas internas de los partidos y las elecciones de Consejos de Juventud. Además, señaló que se han registrado 19 elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores hasta la fecha y que el número podría aumentar hasta 30 antes del cierre del periodo.

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En cuanto a la posibilidad de una consulta popular impulsada por el Gobierno, Penagos advirtió sobre el impacto financiero que tendría el proceso. Según sus cálculos, la organización de esta consulta podría costar entre 600 y 700 mil millones de pesos, debido a la necesidad de desplegar una logística similar a la de unas elecciones ordinarias en todo el territorio nacional.

A pesar de estos desafíos, el registrador aseguró que la Registraduría garantizará elecciones íntegras y transparentes, resaltando que el proceso involucra a múltiples actores. “Tenemos a 700 mil jurados ciudadanos, jueces y notarios responsables del escrutinio, lo que refuerza la transparencia del sistema”, concluyó Penagos.