Luis Gabriel Pérez y Henry Vásquez son judicializados por irregularidades en contratos durante tres años.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al exalcalde de Cunday-Tolima para el período 2020-2023, Luis Gabriel Pérez Rivera, por presuntas irregularidades en la ejecución de tres contratos destinados a la atención de la pandemia del Covid-19. Junto a él, también fueron judicializados Henry Vásquez Sánchez y los contratistas Henry Smith Guzmán Triana y Germán Torres Pedreros, quienes habrían participado en estas anomalías.
Entre los contratos investigados, se encuentra uno firmado el 19 de marzo de 2020 por $60 millones, destinado al transporte de frijol para familias de la zona urbana y rural del municipio. Sin embargo, la empresa adjudicada, representada por Guzmán Triana, no tenía experiencia en transporte de alimentos. Se presume que el exalcalde y Vásquez Sánchez usaron documentos falsos para justificar el contrato.
Otro contrato, del 26 de marzo del mismo año, asignó $75 millones para la compra de 125 kilos de frijol a través de una fundación representada por Germán Torres Pedreros. Sin embargo, la Alcaldía habría ejecutado directamente la entrega, sin intervención del contratista, lo que generó sospechas sobre la legalidad de la contratación.
El tercer contrato, también del 26 de marzo, involucró la compra de 15 termómetros digitales infrarrojos por $8.6 millones a una empresa de comunicaciones. Investigaciones del CTI revelaron que los dispositivos eran de tipo industrial, no aptos para medir temperatura humana, y que además habrían sido usados previamente. No se presentó un estudio de necesidad ni se especificaron las características técnicas requeridas.
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los investigados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento privado. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.
Las autoridades continúan con la investigación para determinar el impacto del detrimento patrimonial y establecer posibles nuevas responsabilidades en este caso de corrupción que afectó recursos destinados a la emergencia sanitaria.