Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
El presidente Gustavo Petro, cada vez que se presentan casos de escándalos de corrupción, desacuerdos con los fallos judiciales o disciplinarios, o peleas con los congresistas que no son afines a su gobierno, busca auto victimizarse y dar a entender a sus electores que existe un complot desde la “oligarquía” para no dejarlo gobernar mediante un “golpe de Estado” que a él le ha dado por denominar “blando”.
Y, siempre en medio de esa auto victimización, a través de las redes sociales, en especial de su cuenta X-twiter, llama a sus electores a la movilización, so pretexto de defender la soberanía popular y de inmediato también aprovecha para lanzar iniciativas de participación ciudadana a fin de recordarle a quien dice ser su pueblo que éste es el que manda y decide en las calles.
Hasta hace unos meses Gustavo Petro puso hablar a voceros de diferentes sectores sobre la posibilidad de una convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para dizque reformar en algunos aspectos la Constitución de 1991.
Sin embargo, todo eso lo hizo para desviar la atención de la opinión pública que se tiene frente al escándalo de corrupción que se presentó en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, en el que resultaron implicados varios de sus inmediatos colaboradores de su gobierno con algunos congresistas.
De conformidad con lo anterior, la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de las críticas y cuestionamiento que se le hicieron sobre su viabilidad, no quedó en nada. Simplemente fue palabrería y discurso de encantador de serpientes.
Ahora, Gustavo Petro, ante el eventual hundimiento tanto de la reforma laboral como de la salud en el Senado de la República, salió a proponer que convocará a una consulta popular para que los colombianos definan, directamente y en las urnas, el futuro de sus propuestas.
Como era de esperarse las reacciones jurídicas y políticas aparecieron por todos lados ante a la iniciativa. Unos a favor y otros en contra sobre la viabilidad de la consulta popular.
Y es así como la abogada y politóloga Marcela Anzola, en su columna en el portal Razón Pública, sostiene que “no obstante, en el caso de la consulta popular que propone el presidente Petro, esta estrategia, aunque seductora, presenta desafíos y riesgos significativos”.
Más allá del sencillo procedimiento que se tiene que surtir ante el Congreso para su convocatoria, las dudas surgen en si la consulta permite la “aprobación de articulados legales complejos contendidos en los proyectos de las reformas laboral y de la salud, dado que las preguntas de una consulta popular tienen que girar en torno a un tema general, cuya respuesta simplemente se limita a un sí o no.
Pero, en donde más dificultad habría para la aprobación de la consulta está en los bajos niveles de aceptación que tiene el gobierno, lo cual podría ser un buen indicativo de los posibles resultados.
“Para la aprobación de una consulta popular se requiere la participación de al menos el 33% del censo electoral – actualmente de 40.963.370 votantes -, lo que equivale a aproximadamente 13.654.457 votantes. Una participación no tan fácil de lograr en las actuales circunstancias”.
En caso de no alcanzar el respaldo necesario, la consulta podría transformarse en un pronunciamiento popular en contra del mismo gobierno.
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