Por: Nilsa Villota
El sistema penitenciario y carcelario en Colombia es una situación que preocupa a todos. Los índices de delincuencia crecen cada día más; cuando ocurre un delito, debe existir una pena, y esta debe cumplirse en un centro penitenciario. Las normas y leyes que regulan las conductas delictivas están orientadas a que los detenidos cumplan las condenas estipuladas por nuestro sistema judicial, siendo responsabilidad del INPEC promover su resocialización. Por ello, el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que los centros penitenciarios operen en cumplimiento de la norma, velando tanto por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad como por el bienestar del personal administrativo y de guardia.
El sistema penitenciario y carcelario colombiano, de una u otra manera, siempre se encuentra en el ojo del huracán por su misionalidad, lo cual nos deja un sinsabor: si hacer las cosas bien pasa desapercibido o, por el contrario, nos hemos acostumbrado solo a resaltar los aspectos negativos, que desafortunadamente son recurrentes. Fugas de internos, actos de corrupción, bacanales o fiestas en penitenciarías, cárceles o pabellones de alta seguridad se presentan de forma constante.
Nuestros legisladores, en cada evento adverso, se rasgan las vestiduras y proponen cambios, buscan legislar, pero tienen la acción del «Alka-Seltzer», unos días después olvidan sus iniciativas. Hace poco, en Bucaramanga, fue asesinado a tiros un dragoneante, y a los pocos días una remisión del INPEC que se desplazaba en la ruta Popayán-Cali fue asaltada; en el ataque murieron un inspector, un dragoneantes y un privado de la libertad.
Esto dio lugar a reclamos y protestas de los más de 87 sindicatos del sector, en especial del sindicato SEUP, quienes argumentan que la falta de atención del nivel central y del alto gobierno los llevó a entrar en lo que llaman “Plan Reglamento”. Esta medida, que se asemeja a un paro, exige que para recibir internos en algunos establecimientos se cumplan las normas de acuerdo con lo ordenado en sus reglamentos y conforme a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que han declarado inconstitucionales las condiciones actuales del sistema, especialmente por el problema de hacinamiento. Esta situación impide el ingreso de internos, lo cual genera un fuerte hacinamiento en las estaciones de policía y URIS.
Su reclamo es contundente: “NI UNO MÁS”. No quieren seguir viendo a compañeros de trabajo asesinados. Exigen seguridad y un sistema pensional adecuado para su profesión de alto riesgo.
¿Podrá el Gobierno cumplir sus demandas, o el Plan Reglamento se prolongará indefinidamente, afectando principalmente a los privados de la libertad que se encuentran en estaciones de policía, esperando un cupo carcelario para cumplir su pena e iniciar su resocialización?