El presidente Gustavo Petro anunció la convocatoria de una consulta popular tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Este mecanismo de participación ciudadana, según estimaciones, podría superar los 300.000 millones de pesos en costos, una cifra incluso mayor que la de la Consulta Anticorrupción de 2018.
El origen de la propuesta
El 11 de marzo, ocho integrantes de la Comisión Séptima del Senado radicaron una ponencia para archivar la reforma laboral, obligando al Gobierno a replantear su estrategia legislativa si desea insistir en la iniciativa. En respuesta, el presidente Petro calificó la decisión como un “bloqueo institucional” y anunció que recurrirá a la consulta popular para que el pueblo decida sobre la reforma laboral y la reforma a la salud.
¿Cómo funciona una consulta popular?
La consulta popular es un mecanismo de participación estipulado en la Constitución, mediante el cual los ciudadanos pueden votar “sí” o “no” sobre temas de interés nacional, departamental, municipal o local. Para su realización a nivel nacional, requiere la aprobación del Congreso, el aval del presidente y sus ministros, y debe llevarse a cabo dentro de los cuatro meses siguientes a su aprobación.
El costo de la consulta popular
El valor de este mecanismo depende de su alcance y logística. La última consulta popular en Colombia fue la Consulta Anticorrupción de 2018, promovida por la entonces senadora Claudia López. Según datos de la Misión de Observación Electoral (MOE), este proceso costó cerca de 240.000 millones de pesos, mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) reportó un gasto total de 310.479 millones de pesos.
Los costos incluyen:
- Capacitación de jurados
- Logística de transporte y seguridad
- Impresión de material electoral
Si se aprueba la propuesta de Petro, la consulta de 2025 podría superar estos valores debido a la inflación y el aumento de costos operativos, lo que supondría una carga económica significativa para el Estado.
¿Se justifica el gasto?
El debate sobre la viabilidad de la consulta popular no solo gira en torno a su impacto político, sino también a su alto costo. Mientras el Gobierno insiste en que esta es una herramienta democrática legítima, sus opositores cuestionan si es una inversión justificada o un gasto innecesario en medio de un panorama económico desafiante.