El ataque mortal a Rana El Selci, una niña de dos años en Konya, Turquía, ha reabierto el debate sobre la gestión de los más de cuatro millones de perros callejeros que deambulan por el país. El incidente ocurrido el pasado viernes llevó al gobierno a reforzar su compromiso con la aplicación de una ley aprobada en 2024, que busca sacar a los perros sin hogar de las calles y áreas rurales.
La Ley y sus polémicas
La normativa, apodada por sus críticos como la «ley de la masacre», obliga a las autoridades locales a capturar a los perros callejeros, vacunarlos, esterilizarlos y alojarlos en refugios para darles en adopción. También permite la eutanasia de aquellos animales en estado terminal, con dolor o que representen un riesgo para la salud humana. Sin embargo, la implementación parcial o inexistente de esta legislación en varias regiones ha generado tensiones en la sociedad. Los defensores de los derechos animales temen que la medida se traduzca en sacrificios masivos o en condiciones precarias para los perros en refugios saturados.
Reacciones del gobierno
Ali Yerlikaya, ministro del Interior, expresó en redes sociales que hará uso de toda la autoridad legal para asegurar que la ley se cumpla estrictamente. Por su parte, el presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que están tomando «medidas decididas» para garantizar la aplicación de la normativa. Además, se abrió una investigación criminal tras la muerte de Rana, y las autoridades locales de Konya comenzaron a recoger perros de las calles como respuesta inmediata.
Una sociedad dividida
La cuestión ha dividido a Turquía en todos los niveles. Mientras algunos exigen medidas más severas para gestionar a los perros callejeros, otros denuncian que estas acciones vulneran los derechos de los animales. Las manifestaciones dentro y fuera del país han exigido modificaciones a la ley, principalmente para eliminar el artículo que permite la eutanasia. También se ha expresado preocupación por las consecuencias que la legislación pueda tener en el turismo.
Un problema complejo
Desde 2022, según la Asociación Calles Seguras y Defensa del Derecho a la Vida, al menos 65 personas han muerto en ataques de perros callejeros, excluyendo el reciente caso de Rana. Sin embargo, organizaciones animalistas advierten que el problema no puede resolverse mediante redadas masivas, sino con campañas sostenibles de esterilización y educación sobre el cuidado animal.
