El recién electo gobernador del Putumayo, Jhon Molina, fue demandado ante el Consejo de Estado, acción que busca la nulidad de su elección.
El argumento base de la demanda, es que su hermana, Lucy Molina Acosta, se desempeña en estos momentos como secretaria general del Ministerio de Educación, por lo que sería ordenadora de gasto, lo que según el demandante tipifica una inhabilidad para su elección, realizada el pasado 23 de febrero.
Igualmente, en la demanda se anota que, durante su gestión en el ministerio de Educación, Lucy Acosta, desarrolló actividades en el Putumayo y firmó contratos que se ejecutaron en el departamento.
“La mera asignación de estas competencias, aun sin la exigencia de su materialización en hechos concretos, implica la capacidad de influir, dirigir y controlar procesos esenciales que pueden generar desbalances relevantes en el ámbito electoral”, reza un aparte de la demanda. El autor de la misma es el abogado Hugo Armando Granja Arce, socio de la firma Granja & Velasco Abogados y quien se desempeña como contratista de la Agencia Nacional de Minería
Es de señalar que, en el marco de su campaña, la aspiración de Molina fue demandada ante el Consejo Nacional Electoral por la misma razón, pero la entidad desestimó la demanda. Ahora la decisión está en manos del magistrado Pedro Vanegas del Consejo de Estado.
Más demandas
Precisamente Jhon Molina al ganar las elecciones atípicas del 23 de febrero, reemplazó al exgobernador, Carlos Marroquín, cuya elección fue anulada al ser hallado culpable de doble militancia. Ahora, le corresponde al mandatario entrante, enfrentar otra demanda.
Se recuerda que Molina ganó las elecciones atípicas en medio de cuestionamientos, puesto que se le cuestionó un presunto apoyo de grupos armados, lo que él rechazó de manera rotunda, Sin embargo, ahora, un informe de la Fundación Paz y Reconciliación ha dado a conocer testimonios de líderes sociales, que denunciaron presiones de los grupos armados ilegales, para que votaran por él.
Igualmente, se indica que el mandatario está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación, por los presuntos delitos de prevaricato por omisión, fraude procesal y peculado culposo, por hechos que se presentaron cuando se desempeñó como gerente de la empresa de energía del Putumayo.