Ante la movilización de los pueblos indígenas Pastos, Quillacingas y resguardos Awá, ubicados en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, por los hechos ocurridos el 20 de febrero, cuando el Ejército ecuatoriano, en un operativo de control, destruyó dos puentes peatonales vitales para la conectividad de estas comunidades, se acordó la instalación de una mesa de diálogo y concertación en Ipiales.
Esta mesa, que contará con la presencia de autoridades departamentales, municipales, Cancillerías y el Ministerio de Defensa de Colombia, se realizará hoy viernes 28 de febrero, según lo manifestado por el gobernador (e), Benildo Estupiñán.
Conversaciones
Entre tanto, y a través de un diálogo participativo e inclusivo, se logró la apertura de un corredor humanitario y paso peatonal, mientras continúan las negociaciones en torno a dar soluciones efectivas que permitan el desbloqueo total de la vía.
Hasta el momento, las autoridades indígenas han confirmado que permanecerán en el sector fronterizo de Rumichaca, con el bloqueo del paso vehicular de transporte público, particular y de carga.
Las autoridades indígenas expresaron su disposición al diálogo y la negociación, con el objetivo de encontrar una pronta solución a la protesta tras los incidentes causados que generaron el rechazo de las comunidades.
Están a la espera de una respuesta oportuna al pliego de peticiones, que incluye la reconstrucción de los puentes derrumbados y el respeto por los territorios ancestrales, manifestó el gobernador (e), Benildo Estupiñán Solís.
Descontento
Por su parte, el gobierno departamental seguirá actuando como mediador con el gobierno nacional para facilitar el despeje de la vía y evitar mayores afectaciones económicas en la región fronteriza.
Las comunidades fueron enfáticas en mencionar su descontento y rechazo con las acciones que denominaron arbitrarias por parte de las autoridades ecuatorianas y colombianas, afectando la movilidad de los habitantes.
Se espera que, a través de los diálogos, se logren establecer acuerdos claros y que respondan a las actuales dificultades de los habitantes de las zonas rurales que fueron afectadas tras la destrucción de los puentes peatonales.