El departamento de Nariño, aparece entre las 11 zonas del paìs, donde hoy se presentan emergencias humanitarias, dijo la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz. En torno a estos delicados hechos, agregó que los continuos enfrentamientos entre grupos armados en las mencionadas 11 zonas, están afectando de manera grave a los niños, las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, en acciones de violencia en las que, según la Defensora del Pueblo, están involucradas 10 estructuras criminales en 16 territorios.
Grandes desplazamientos
Al respecto, la funcionara señaló que esta situación se debe a los constantes enfrentamientos y combates que se registran entre las bandas criminales que se disputan territorio para sus actividades de narcotráfico y la minería ilegal. Agregó que, en Nariño, las actividades de la minería ilegal se han incrementado en detrimento de los cultivos ilícitos, pero insistió en que tanto el narcotráfico como la minería ilegal, son la causa principal de graves alteraciones del orden público.
Agregó la Defensora del Pueblo, que esta situación, viene provocando el desplazamiento de centenares de familia, en especial de la costa Pacífica de Nariño y algunos sectores de la cordillera. Igualmente, en vastas zonas del departamento de Nariño, se presentan casos de confinamientos de comunidades, mediante la utilización de minas antipersona. Sobre esto las autoridades señalaron que estas minas están siendo colocadas, por las disidencias de las Farc e igualmente por el frente Comuneros del Sur, el cual se conformó después de una división de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN.
También se habla en Nariño de 214 personas, quienes se encuentran confinadas en el sector de la cordillera, ante los enfrentamientos entre la Fuerza Pública y las acciones de las disidencias de las Farc, en las que se estaría utilizando a la población civil como escudo, para evitar el ingreso de las autoridades.
La funcionaria indicó, además, que se tienen evidencias de reacomodos, fraccionamientos, expansiones y rupturas de pactos de coexistencia entre los grupos armados, los cuales han provocado el desplazamiento forzado de 5.452 personas, el confinamiento de 11.896 personas y 27 homicidios.
Incertidumbre en el paìs
Además de Nariño, la Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz, se refirió al Choco, donde hoy martes el Eln, proyecta la realización de un paro armado que se prolongaría durante 4 días. Igualmente, la funcionaria mencionó como zonas de alto riesgo al Cauca, el Pacífico colombiano, la Sierra Nevada, Antioquia, Magdalena Medio, Perijá, Guaviare, Arauca, Meta, Sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo.
Precisamente una de las situaciones más críticas se registra en la subregión del San Juan, en Chocó, donde desde el pasado 4 de febrero hay una disputa entre el Eln y el Clan del Golfo por el control territorial. En esta zona hay más de 1.600 personas afectadas por los desplazamientos y confinamientos, muchos de ellos de la comunidad indígena Wounan, que no pueden salir de su resguardo por temor de cualquier ataque.
Riesgo de paro armado
A lo anterior se suma el anuncio de un paro armado por parte del Eln en este departamento, programado para comenzar hoy, en tanto que circulan insistentes versiones en las que se indica que habría una alianza entre las disidencias de alias Mordisco y el Clan del Golfo, lo que ya comienza a ser considerado como una de las uniones más extrañas que se estaría dando en el territorio nacional.
Elecciones en riesgo
Con relación al Putumayo, la Defensoría del Pueblo, calificó con alto riesgo las elecciones que se van a llevar a cabo en ese departamento el próximo domingo 23 de los corrientes. Se trata de unos comicios atípicos, donde se elegirá el gobernador y al alcalde del municipio de Puerto Guzmán.
“Las noticias que hemos recibido desde el Putumayo son alarmantes, teniendo en cuenta que en esa zona operan varios grupos alzados en armas”, señaló la funcionaria, quien señaló que, con motivo de este proceso electoral, se debe aumentar de manera considerable la presencia de la Fuerza Pública.
Sobre esto, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, aseveró que es preocupante la numerosa presencia de grupos armados ilegales en diferentes puntos de la geografía nacional.
“La situación es de tal gravedad que el 73% de los municipios del país están bajo la influencia de grupos armados ilegales
Urgente llamado
Ante los graves episodios que se vienen registrando en 11 zonas de Colombia, incluido el departamento de Nariño, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, hizo el siguiente llamado:
Acciones inmediatas
• Urgimos a las autoridades nacionales y locales a implementar acciones inmediatas que prioricen la protección de las comunidades afectadas, tomando en cuenta el diagnóstico de las alertas tempranas y sus recomendaciones, así como toda la información con la que cuentan las diferentes instituciones del Estado.
Comunidad internacional
• Solicitamos a la comunidad internacional mantener y fortalecer su apoyo a las iniciativas humanitarias y exigir el respeto a los derechos de las personas y comunidades en riesgo.
Respeto a los derechos
• Exigimos a los grupos armados ilegales a respetar los derechos de la población y el derecho internacional humanitario. Especial y enfáticamente le exigimos no continuar instrumentalizando a las organizaciones y a las juntas de acción comunal para favorecer sus intereses y expandir su acción territorial. Las poblaciones tienen derecho a su autonomía frente al poder arbitrario e ilegítimo de las armas. La legitimidad no la lograrán violentando a la gente, al contrario, esta pone en evidencia su ilegitimidad.
No involucrar a los civiles
• Instamos al Gobierno nacional a que continúe exigiendo en las mesas de conversación vigentes el respeto del derecho humanitario, especialmente, no involucrar a la población civil en el conflicto armado y la liberación inmediata de niños, niñas y adolescentes reclutados y la suspensión de esta práctica.
Presencia del Estado
“La violencia no puede seguir marcando el destino de nuestras comunidades. Las instituciones del Estado tienen la capacidad para hacerle frente a esta crisis y garantizar la presencia integral del Estado de Derecho en los territorios”.
Alertas tempranas
Finalmente, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reconoció que progresivamente las alertas tempranas que emite la entidad, se están mejorando y están ampliando su alcance, pero admitió que la efectividad de las respuestas a las alertas no es la más óptima.
“En el Catatumbo, la respuesta fue más formal que real. Pudimos hacer más para evitarlo. Las instituciones me piden más alertas tempranas. Pero yo creo que nos hace falta mayor articulación y más coordinación entre las diferentes instituciones”, enfatizó la funcionaria.