La situación de violencia en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, ha escalado a niveles alarmantes en los últimos días, generando una crisis humanitaria sin precedentes que ha afectado a miles de civiles. Ante este escenario, la Fiscalía General de la Nación de Colombia ha tomado la decisión de reactivar las órdenes de captura contra 31 miembros y cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), luego de una serie de ataques violentos que han agudizado la situación en esta zona del país.
Estos ataques, que se han atribuido directamente al ELN, no solo han generado un alto número de víctimas, sino que también han contrariado los esfuerzos de paz que en los últimos años se habían emprendido entre el Gobierno y este grupo armado.
Violencia
El pasado 16 de enero de 2025 marcó un antes y un después en la región del Catatumbo, cuando una nueva oleada de violencia se desató en esta zona del noreste colombiano. La región, conocida por su vasta extensión de cultivos ilícitos y por ser un punto neurálgico en la lucha contra los narcotraficantes, ha sido históricamente uno de los territorios más afectados por el conflicto armado. Sin embargo, en los últimos meses, se había logrado una relativa calma gracias a los esfuerzos diplomáticos del Gobierno, que incluían la participación del ELN en el proceso de paz.
La violencia reciente, que ha causado un número indeterminado de desplazados, heridos y víctimas fatales, fue rápidamente atribuida al ELN, organización guerrillera que, desde el 2016, ha participado en varias rondas de negociación con el Gobierno.
Sin diálogos
La Fiscalía General, liderada por la fiscal Luz Adriana Camargo Garzón, ha señalado que este recrudecimiento de la violencia es incompatible con los acuerdos previos que se habían establecido con la guerrilla, en los cuales se había acordado suspender las órdenes de captura contra varios de sus miembros, bajo la premisa de avanzar en el diálogo de paz.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía detalló que, como consecuencia de los recientes ataques y violaciones al derecho internacional humanitario, se ha tomado la decisión de reactivar las órdenes de captura contra 31 miembros y cabecillas del ELN. Estas órdenes de captura, que habían sido suspendidas entre los años 2022 y 2023, se habían dado en un contexto de esperanza para el proceso de paz, ya que muchos de los individuos afectados habían sido reconocidos como voceros del grupo armado en las negociaciones de paz.