El expresidente Álvaro Uribe participó de manera virtual en la primera sesión del juicio oral en su contra. Se declaró inocente y solicitó a la jueza un espacio para defenderse. La Fiscalía afirma contar con las pruebas necesarias para buscar una condena.
Inicio del juicio y negativa a aplazamientos
La audiencia comenzó a las 8:00 a.m. de este jueves con la conexión remota de Uribe y su abogado, Jaime Granados. Desde el inicio, la defensa solicitó postergar la sesión hasta el 17 de febrero, argumentando preocupaciones de seguridad que obligaron a Granados a salir del país.
Sin embargo, la jueza Sandra Liliana Heredia rechazó la petición, asegurando que en los juzgados de Paloquemao se garantiza la seguridad mediante la Policía Metropolitana de Bogotá y que tanto Uribe como su abogado pueden participar de forma virtual.
«La acción penal está próxima a prescribir y mi responsabilidad es ofrecer respuestas rápidas a las víctimas y al procesado», afirmó la jueza, señalando que el caso debe resolverse antes de 2026.
La solicitud de Uribe
El exmandatario y líder del Centro Democrático pidió a la jueza que le permita declarar a su favor cuando la audiencia se reanude el lunes 10 de febrero a las 8:30 a.m.
«Señora jueza, cuando mi defensor exponga la teoría del caso, quisiera ejercer mi derecho a la defensa material y hacer uso de la palabra», manifestó Uribe, indicando que espera asistir de manera presencial.
También reiteró su inocencia: «No existe ninguna posibilidad de que me declare culpable. He sido víctima de persecución por parte del exfiscal Eduardo Montealegre y del senador Iván Cepeda».
Pruebas clave en el proceso
La defensa de Uribe enfrenta dificultades tras la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá de admitir como prueba legal las interceptaciones telefónicas realizadas por la Corte Suprema de Justicia. Aunque estas escuchas fueron obtenidas por error en una investigación sobre el exrepresentante Nilton Córdoba Manyoma, se mantuvieron activas durante un mes y registraron conversaciones entre Uribe y su entonces abogado, Diego Cadena.
El caso contra Uribe se originó en 2012, cuando el senador Iván Cepeda presentó testimonios que vinculaban al expresidente y a su hermano con el Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Uribe, en respuesta, lo denunció por presunta manipulación de testigos, pero la Corte Suprema encontró inconsistencias en la acusación y archivó el caso contra Cepeda en 2018, abriendo en su lugar un expediente contra el exmandatario.
Desde entonces, las autoridades han señalado que Uribe habría ofrecido beneficios a exparamilitares encarcelados para que cambiaran su testimonio en favor de Cepeda.
«Dicen que por defender mi honor y enviar pruebas a la Corte soy responsable de dañar la justicia. De ninguna manera», declaró Uribe durante la audiencia del 6 de febrero.
El proceso sigue su curso, y la expectativa crece ante las pruebas que presentará la Fiscalía en los próximos días.