La confrontación bélica entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo ha cobrado más de 50.000 desplazados y una creciente cifra de víctimas mortales, a medida que la disputa se extiende por más de dos semanas. El último reporte de la Gobernación de Norte de Santander indica que ya son 50.949 personas las que han tenido que huir de sus hogares debido a la violencia.
El conflicto comenzó el 15 de enero cuando un grupo armado masacró a tres miembros de una familia que viajaban en un coche fúnebre por las vías del municipio de Tibú. Desde entonces, las tensiones entre los grupos armados ilegales, que previamente habían pactado repartir las rentas cocaleras, se intensificaron tras el rompimiento de este acuerdo debido al aumento de los precios.
Desplazamientos y confinamientos en la región
La mayoría de los desplazados se encuentran en Cúcuta, con 22.619 personas en albergues, mientras que otras 28.549 permanecen confinadas en diversas zonas del Catatumbo, imposibilitadas de salir debido a los enfrentamientos. La Defensoría del Pueblo y líderes locales ya habían alertado sobre la creciente violencia desde noviembre del año pasado, pero la situación se desbordó con la llegada de refuerzos del ELN desde Arauca, que intensificaron el conflicto con las disidencias del Frente 33 de las Farc.
Víctimas mortales y firmantes de paz desaparecidos
El último balance del Puesto de Mando Unificado (PMU) reporta 41 muertes hasta el momento, de las cuales cuatro son firmantes de paz, dos son líderes sociales y tres son menores de edad. Sin embargo, las cifras podrían ser mucho mayores, ya que se teme que haya un subregistro debido a que los grupos armados han impedido la recuperación de los cadáveres. Los informes preliminares apuntan a más de cien muertes en la región.
Además, el PMU ha señalado que hay 12 firmantes de paz desaparecidos, lo que añade una dimensión más dramática a la crisis humanitaria en el Catatumbo.
Solicitudes de recursos y planes de inversión
La situación ha generado un fuerte llamado a la acción desde la región, que exige recursos fiscales extraordinarios para enfrentar la emergencia. En este sentido, el Gobierno está evaluando liberar fondos a través de nuevos impuestos y modificaciones al Presupuesto General de la Nación. El Departamento Nacional de Planeación ha presentado un plan de inversión para la región que requiere 6,5 billones de pesos, destinados tanto a fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública para restablecer el orden como a financiar proyectos sociales para los afectados por la violencia.