Los servicios de seguridad y vigilancia privada en Colombia comenzaron a tener nuevas tarifas, las cuales ya están generando preocupaciones en el sector tanto empresarial como en el de los trabajadores. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada emitió una circular donde determinó incrementos en los precios de estos servicios, que no solo afectarán a los usuarios, sino también podrían impactar en la generación de empleo y la competitividad de las empresas del sector.
Además de este primer incremento, la Superintendencia planea un segundo ajuste para mediados de año, lo que lleva el aumento total a dos momentos clave en el 2025. A partir de esta nueva regulación, las tarifas aumentarán cada año conforme al mismo porcentaje que sube el salario mínimo, lo que podría encarecer considerablemente los costos para las empresas y particulares que contraten estos servicios.
Henry Saether, director de Seguridad Superior, explicó en una entrevista con Noticias Caracol que este aumento tiene como base una regulación vigente en el país desde hace varios años. Según Saether, el ajuste responde a la necesidad de asegurar el cumplimiento de los derechos laborales, sociales y las condiciones de trabajo para los empleados de las empresas de vigilancia. La legislación obliga a los prestadores de este servicio a ajustar los precios en función del aumento anual del salario mínimo, lo que, en teoría, garantiza que los trabajadores reciban un incremento proporcional en sus remuneraciones.
Este mecanismo busca también asegurar que los prestadores de seguridad continúen cumpliendo con sus responsabilidades tanto hacia los empleados como hacia sus clientes y el Estado colombiano. «Este aumento está basado en una necesidad de asegurar la estabilidad laboral y garantizar que los servicios de vigilancia cumplan con los estándares de calidad y seguridad requeridos», comentó Saether.
Otro factor que influirá en el aumento de tarifas será la reducción de la jornada laboral, la cual comenzará a ser implementada en el país en 2025. Este cambio legal generará mayores costos operativos para las empresas de seguridad privada, ya que implicará la necesidad de contratar más personal para cubrir turnos de 24 horas diarias. La reducción de la jornada laboral también tendrá efectos sobre el pago de horas extras, lo que incrementará aún más los costos para las compañías del sector.