En sus primeros días de mandato, el presidente Donald Trump ha intensificado su política migratoria con una serie de redadas realizadas en ciudades como Chicago, Miami, Nueva York y Los Ángeles, que han resultado en la detención de más de 500 inmigrantes indocumentados. Las operaciones, lideradas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), buscan deportar a «criminales peligrosos», como miembros de pandillas y sospechosos de terrorismo, según la Casa Blanca.
Sin embargo, estas medidas han sido fuertemente criticadas por organizaciones de derechos humanos, que denuncian detenciones sin órdenes judiciales y el temor que generan en las comunidades migrantes. Además, la administración Trump ha ordenado el despliegue de 1.500 soldados más en la frontera con México y ha levantado restricciones para realizar redadas en lugares sensibles como iglesias, escuelas y hospitales.
A pesar de este enfoque agresivo, Trump recibió un revés judicial en su intento de poner fin a la nacionalidad por nacimiento, cuando un juez federal bloqueó su decreto que negaría la ciudadanía automática a hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos. Esta decisión fue aplaudida por defensores de los derechos civiles.
El endurecimiento de la política migratoria ha generado fuertes críticas, con alcaldes y activistas calificando las redadas de «ilegales» y «discriminatorias». A pesar de las críticas y el fallo judicial, Trump ha prometido apelar la decisión y continuar con su reforma migratoria, un tema clave en las próximas elecciones legislativas.