Por: Alina Constanza Silva
La pugna entre el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, y el representante a la Cámara Juan Daniel Peñuela, se ha convertido en un enfrentamiento abierto que pone en evidencia la profunda división sobre la realidad de la seguridad en Nariño y gran parte del país. Mientras Peñuela asegura que las disidencias de las FARC han tomado control de amplios territorios, Escobar no solo refuta estas afirmaciones, sino que lo invita a revisar con mayor precisión los datos antes de lanzarse a conclusiones alarmantes.
Peñuela, del Partido Conservador, ha sido contundente al señalar que las facciones de las FARC han aumentado su presencia en Colombia en un 141%, pasando de operar en 124 municipios a 299, basándose en un informe de la Defensoría del Pueblo. Es más, menciona específicamente que la Segunda Marquetalia y el frente ‘Oliver Sinisterra’ (articulado a la ‘Segunda Marquetalia), frente ‘Alfonso Cano’ (‘Segunda Marquetalia’), frente ‘Iván Ríos’ (Segunda Marquetalia’), frente ‘Ariel Aldana’ (‘Segunda Marquetalia’), columna móvil ‘Urías Rondón’ (EMC), frente ‘Franco Benavides’ (EMC), columna móvil ‘Alan Rodríguez’ (EMC), del Eln los frentes ‘Comuneros del Sur’ y ‘Manuel Vásquez Castaño’, además de la compañía ‘Milton Hernández Ortiz’ y ‘Élder Santos’, tienen fuerte presencia en Nariño. Según el mismo informe, entre noviembre de 2016 y febrero de 2024, 130 líderes sociales han sido asesinados en el departamento, 18 de ellos mujeres. Los municipios más afectados, según Peñuela, son Tumaco, Barbacoas, Ricaurte, Samaniego e Ipiales.
Por otro lado, Escobar, lejos de ceder ante este retrato sombrío, respalda su visión en datos del informe de derechos humanos de la ONU. Según él, las cifras de homicidios y asesinatos de líderes sociales han disminuido entre 2023 y 2024, reflejando una tendencia positiva. También argumenta que, si bien ha habido actos de violencia, como el ataque al bus en la vía Panamericana, estos no representan una realidad tan caótica como la que describe Peñuela. El gobernador subraya que ya ha pedido más presencia militar para contrarrestar a los grupos ilegales, aunque su reacción parece más bien tardía y lamentativa, según algunos críticos.
El debate se vuelve aún más tenso cuando Peñuela resalta que, si bien hubo una reducción en los asesinatos de líderes sociales en Nariño durante el segundo semestre de 2023, esto no significa que la situación esté bajo control. De siete asesinatos registrados en enero, la cifra bajó a cuatro entre octubre y diciembre, pero el representante no lo ve como una mejora estructural sino como una tregua temporal en medio de una guerra creciente.
Las disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos armados están consolidando su poder en áreas estratégicas, asegura Peñuela. El ejemplo más claro de ello es el Cañón del Patía, un escenario que, pronto vivirá enfrentamientos similares a los de El Cañón del Micay y El Plateado en el Cauca.
En este contexto, Escobar parece quedarse corto en la defensa de su gestión, sobre todo cuando se avecina un escenario más violento. Nariño, una región históricamente olvidada, sigue al borde del abismo, atrapada entre promesas incumplidas y una guerra que se siente cada vez más cerca. Es momento de que el gobernador deje las excusas y asuma el rigor que la realidad exige.
Pero al congresista Peñuela se le olvidó recordarle al gobernador que en vez de polemizar por la presencia de las disidencias en Nariño, mejor le explique a los nariñenses cuál es el fondo del proceso de paz con los Comuneros del Sur y la Segunda Marquetalia que no son ningunos angelitos y deben responder por la muerte de cientos de nariñenses.