El 13 de noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta sentencia se refiere al caso conocido como la «Causa Vialidad», en el que se investigaron irregularidades en la concesión de 51 obras viales a empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez, durante los gobiernos de su difunto esposo Néstor Kirchner (2003-2007) y el suyo propio (2007-2015), en la provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.
La condena, dictada originalmente por el Tribunal Oral Federal 2 en diciembre de 2022, se basa en el delito de administración fraudulenta de fondos públicos, por el cual se alegó que Fernández y otros funcionarios gestionaron de manera indebida contratos de obras viales, favoreciendo a Báez y su grupo de empresas, en detrimento del erario público. Este caso ha sido uno de los más emblemáticos de la justicia argentina contra figuras del kirchnerismo.
El tribunal de alzada, compuesto por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, resolvió confirmar la sentencia de primera instancia, manteniendo la pena de prisión y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. La decisión fue tomada luego de una serie de apelaciones y recursos legales presentados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, quien había sido absuelta en otros casos pero condenada en este por las irregularidades vinculadas a las obras viales en Santa Cruz
Con esta resolución, la condena contra Fernández se mantiene firme, aunque no implica necesariamente su detención inmediata, ya que sigue abierta la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sin embargo, la condena a la inhabilitación perpetua para cargos públicos significa que Fernández, quien actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de Argentina, no podría ocupar funciones públicas en el futuro, incluso si lograra mantenerse en su puesto actual.
Este fallo es un hito en la justicia argentina, ya que confirma una sentencia que afecta directamente a una de las figuras políticas más poderosas y controvertidas del país, lo que sigue alimentando el debate sobre la corrupción en la política argentina y la imparcialidad del sistema judicial en casos que involucran a figuras de alto perfil.
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