Corte Suprema le niega la libertad a Mancuso

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de libertad del exlíder paramilitar Salvatore Mancuso, a quien el Gobierno Nacional había designado como Gestor de Paz. Mancuso, exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), buscaba acogerse a este beneficio, argumentando su intención de contribuir a los diálogos de paz y a la reconciliación nacional. Sin embargo, el alto tribunal estableció que su liberación sería incompatible con los principios de justicia y reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

En su decisión, la Corte enfatizó que, aunque la paz es un objetivo constitucional legítimo, su alcance no puede ser absoluto. Según el fallo, la jurisprudencia constitucional ha definido que toda medida de paz debe superar un «test de proporcionalidad», es decir, debe ser adecuada, necesaria y equilibrada con el fin de salvaguardar tanto la justicia como los derechos de las víctimas. En el caso de Mancuso, la Corte concluyó que la libertad sería una medida desproporcionada, ya que no cumple con los requisitos de contribución real a la verdad y a la reparación de los afectados por los actos de las AUC.

La Sala también cuestionó el planteamiento del Gobierno, señalando que la designación como Gestor de Paz de un exparamilitar de alto perfil como Mancuso, sin restricciones ni condiciones claras, podría enviar un mensaje equívoco a las víctimas. La Corte explicó que no se especifica ni el tiempo de la designación ni las medidas que garanticen un compromiso con la justicia y la reparación. Además, señaló que otorgarle libertad sin una contraprestación efectiva significaría una «contraprestación desmedida» y estaría en contra de los compromisos asumidos por el Sistema de Justicia y Paz en Colombia, que exige un cumplimiento pleno de las sanciones antes de considerar beneficios adicionales.

Salvatore Mancuso fue liberado el pasado 10 de julio, al no tener en ese momento requerimientos judiciales pendientes. Sin embargo, su libertad ha sido cuestionada debido a las múltiples acusaciones de crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves en su historial. A pesar de su reciente designación como Gestor de Paz, su rol sigue siendo objeto de debate entre quienes consideran que puede contribuir al proceso de paz y quienes exigen que rinda cuentas en su totalidad ante la justicia.

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Este fallo se enmarca en una serie de decisiones recientes que reflejan una postura cautelosa frente a la designación de exjefes paramilitares como Gestores de Paz, en un contexto donde el gobierno explora diversas vías de pacificación. A pesar de la negativa de la Corte, el Gobierno podría buscar otras alternativas para facilitar el proceso de paz, mientras organizaciones de víctimas y entidades de derechos humanos observan de cerca los avances y exigen una respuesta justa que contemple los derechos de los afectados.

Este caso subraya el delicado balance que debe mantenerse entre la paz y la justicia en un contexto de justicia transicional, donde la rendición de cuentas y la reparación efectiva a las víctimas son componentes ineludibles para avanzar en la reconciliación nacional.