La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar inconstitucional la Ley 2381 de 2024, la cual establece el «Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común» impulsado por el presidente Gustavo Petro. Esta petición se produce en el contexto de una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia, quien señala que el proceso legislativo incumplió el artículo 157 de la Constitución. Dicho artículo establece que toda iniciativa debe ser discutida y aprobada en cada una de sus etapas en ambas cámaras del Congreso.
Valencia sostiene que la Cámara de Representantes no cumplió con el debate necesario, pues simplemente aceptó el texto aprobado por el Senado sin una discusión completa ni explicación de los ponentes sobre las modificaciones introducidas. La Procuraduría apoya este argumento, y la Corte Constitucional deberá evaluar si la ley efectivamente infringió los procedimientos establecidos, lo cual podría derivar en la nulidad de la reforma si se declara inexequible.
Este caso se convierte en un punto crucial en la revisión de la reforma pensional promovida por la administración actual, en un contexto donde la sostenibilidad del sistema de pensiones es un tema de amplio debate en Colombia.