El crimen de Jimmy Rosero, personero del municipio de Cumbitara, norte de Nariño, ha desatado una ola de rechazo y condena tanto a nivel nacional como internacional.
Organismos de Derechos Humanos, entidades del Gobierno Nacional y departamental exigen justicia y garantías para proteger la vida de quienes ejercen funciones públicas en zonas de alto riesgo, como la conflictiva región de la cordillera nariñense.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó enérgicamente el secuestro y asesinato de Jimmy Rosero, quien fue raptado por hombres armados el pasado martes cuando participaba en una reunión con habitantes de la vereda Piedras Blancas, en la zona rural del municipio de Cumbitara. El cadáver de Rosero fue encontrado horas más tarde en el sector conocido como Puente Rojo.
Crimen
El crimen de Rosero ocurrió en un contexto de creciente violencia en Nariño, un departamento azotado por la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de las FARC y el ELN. La región, históricamente afectada por el conflicto armado, sigue siendo un escenario de agresiones contra líderes sociales, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos que trabajan en pro de la justicia y la paz.
Según información preliminar de las autoridades, el asesinato ocurrió cuando Jimmy Rosero, quien cumplía su función como personero del municipio de Cumbitara, se encontraba participando en una reunión con habitantes de la vereda Piedras Blancas, en las montañas de Nariño.
Signos de violencia
De acuerdo con los testimonios recogidos por las autoridades locales, un grupo de hombres armados irrumpió en la reunión y, de maner a violenta, obligaron a Rosero a abordar una camioneta. Horas después, su cadáver fue encontrado en una zona rural conocida como Puente Rojo, con signos de violencia.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia expresó su enérgica condena por el crimen. A través de un comunicado en la red social X, la entidad hizo un llamado urgente a los grupos armados ilegales para que respeten los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. «Estos grupos tienen la obligación de respetar la vida y la integridad de los civiles, en especial de aquellos que, como el personero, ejercen funciones públicas en pro de la comunidad», señaló la ONU en su declaración. El organismo internacional también instó al Estado colombiano a tomar medidas urgentes para proteger a los líderes sociales, defensores de derechos humanos y funcionarios públicos en zonas donde la violencia de los grupos armados continúa creciendo. La ONU expresó su solidaridad con la familia y la comunidad de Rosero y subrayó la importancia de una investigación judicial exhaustiva que permita dar con los responsables de este homicidio.