Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
Desde la firma del Acuerdo de Paz durante el gobierno presidencial de Juan Manuel Santos, ha habido denuncias sobre el reclutamiento forzado de niños y niñas en ciertas zonas del país, donde se ha establecido una presencia permanente de grupos armados residuales y de grupos delincuenciales organizados.
Existe amplia documentación sobre los menores como protagonistas olvidados en el conflicto colombiano, en el cual han participado portando armas, ejecutando misiones de transporte, labores de inteligencia, contrabando y ocupando cargos en las estructuras criminales, aunque al mismo tiempo han sido víctimas de abusos personales y sexuales.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), desde hace algunos años tiene un capítulo especial en la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. En el caso 07, como se le conoce en esta entidad, se investigan los crímenes de reclutamiento y utilización de niñas y niños cometidos por la desmovilizada guerrilla de las FARC, convertida ahora en el partido político Comunes.
Sin embargo, como ya se ha vuelto una costumbre, los excomandantes subversivos posan de “ángeles y querubines”, negando el reclutamiento forzado y en diferentes declaraciones rechazan las acusaciones de que en las filas guerrilleras existiera una política de incorporación de menores. Y en esa misma tónica se defienden otros grupos como las disidencias de las FARC, el ELN Y bandas criminales al servicio del narcotráfico.
Así, los exjefes guerrilleros y actuales comandantes insisten con cierto cinismo, en que la vinculación de niños, niñas y adolescentes se presentaba bajo términos de voluntariedad, lo cual ha sido interpretado como un intento de disminución de la responsabilidad frente al reclutamiento como tal para no hacerse merecedores a cualquier tipo de sanción penal.
Pero lo cierto de todo es que existen pruebas presentadas ante la JEP tanto de jornadas de reclutamiento masivo organizadas por la guerrilla como de visitas a casas, en donde exigen una cuota de menores para las filas, situación ésta que generó el desplazamiento de familias enteras que se opusieron al reclutamiento de sus hijos.
Según la Defensoría del Pueblo registró en el año 2023 se registraron184casos de reclutamiento forzado de menores. 110 fueron niños y adolescentes y 74, niñas y adolescentes. Las edades de las víctimas oscilaron entre los 9 y 17 años, siendo el rango entre 14 y 17 en el que se concentró el mayor número, con 123 casos. En relación con la pertenencia, el 68,4% hacía parte de comunidades indígenas, siendo este grupo poblacional el más afectado por el delito.
Sobre el particular cabe manifestar que es preocupante que las últimas alertas de la Defensoría del Pueblo indiquen que regiones como Cauca, Guaviare, Putumayo, Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Chocó y Meta son los más afectado con el flagelo del reclutamiento forzado de menores.
Y en lo que va del año de acuerdo con cifras de la Fuerza Militares, al menos 116 personas entre niños, niñas y adolescentes han sido rescatadas de grupos al margen de la ley.
Por ello, ante este desolador panorama de guerra, en que los niños, niñas y adolescentes adquieren el rol de víctimas y victimarios, el Estado tiene que orientar sus esfuerzos en protegerlos de las amenazas a que están expuestos por los grupos al margen de la ley, de lo contrario si van continuar convirtiéndose en “máquinas de guerra”.
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