Por: Ricaurte Losada Valderrama
Se cumplieron 30 años de que quien escribe, fue excluido del Senado e inhabilitado a perpetuidad para ser elegido. Se hizo por juez incompetente, imparcial y no independiente, creando con nombre propio una causal de despojo de la investidura que no existe en la legislación, violándose así la Constitución y el derecho internacional de los derechos humanos, razones por las cuales he actuado sin cesar, frente a la falsedad del Estado, debido a la politización de la justicia y labor que no culminaré hasta que se haga justicia.
Por la justicia y por la protección y garantía de los derechos humanos, entre los pronunciamientos que al respecto se han dado, me refiero al del Centro de Consultoría y Litigio Internacional, con sede en Washington -CECOLI-, dirigido por Ángela Margarita Rey, titulado Despojo Arbitrario de Derechos Políticos de Ricaurte Losada Valderrama: Un Caso de Violación de Derechos Humanos y un agravio a la democracia, donde la institución hace pública una declaración, colocándome como víctima de una grave violación de derechos políticos fundamentales.
Expresa el importante Centro que “Ricaurte Losada Valderrama, senador de la República de Colombia, ha sido despojado arbitrariamente de su investidura a través de un proceso sancionatorio de única instancia. Esta medida le impuso una pena de perpetuidad que ha eliminado sus derechos fundamentales de ser elegido, acceder a funciones públicas y participar en la dirección de los asuntos públicos. Este acto ha sido llevado a cabo de manera arbitraria, desproporcionada y con un carácter vitalicio impuesto por un juez parcial e incompetente”.
Agrega que “Es importante destacar que el profesor Losada Valderrama nunca fue condenado penalmente por los hechos que motivaron la sanción disciplinaria que lo inhabilitó para postularse a cualquier cargo de elección popular en Colombia. La decisión de pérdida de investidura no solo ha afectado gravemente sus derechos políticos, sino que ha sido el resultado de una conjura interinstitucional orquestada por el Estado colombiano”.
Y prosigue: “Este plan, ideado y ejecutado con el objetivo de sacar a Losada Valderrama del escenario político y electoral, involucró a diversas instituciones estatales. La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría del Distrito Capital, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación y la Corte Constitucional fueron instrumentalizadas para servir a los intereses de los opositores políticos de Losada ”.
Asimismo, afirma: “Es crucial entender que el despojo de investidura no solo ha sido el resultado de un proceso judicial, sino de un entramado interinstitucional diseñado para justificar lo que claramente constituye una violación de la Constitución y de las normas internacionales. La arbitrariedad y la falta de imparcialidad en este proceso muestran un grave menoscabo del debido proceso y de los derechos humanos, contraviniendo el cuerpo jurídico interamericano”.
Y finaliza haciendo (…) “un llamado a las autoridades nacionales e internacionales para que tomen conciencia de esta injusticia y trabajen para restaurar los derechos fundamentales de Ricaurte Losada Valderrama. Es necesario garantizar la integridad del sistema judicial y la protección efectiva de los derechos políticos en Colombia”.
Para Colombia, no solo por este caso, sino por la protuberante injusticia, que muchas veces emana de la propia justicia, ésta es una de las tantas causas de la guerra y del subdesarrollo.
@ricaurtelosada