En días pasados el Gobierno del Dr. Gustavo Petro incrementó el valor del ACPM en 1.904 pesos, tras meses de conversaciones y más de 13 reuniones con los transportadores. La decisión originó que ese mismo día, los camioneros principales afectados se fueran a paro; esto ha generado afectaciones en la movilidad en más de 8 departamentos del país y Bogotá no fue la excepción; hoy la capital de la república siente lo que otrora otras regiones sufren cuando hay bloqueos de vías como es el caso del departamento de Nariño en su principal corredor de conectividad como es la avenida panamericana.
El alza del ACPM, cuyo precio lleva aproximadamente 56 meses congelado, es parte del esfuerzo fiscal que hace el gobierno nacional, para cerrar el billonario déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FPEC). Primero fueron las alzas continuas a la gasolina –con efectos inflacionarios directos y mucho descontento ciudadano–, y ahora el turno es para el diésel. Según el gobierno a través del Ministerio de Hacienda, seguirán otros dos aumentos de alrededor de dos mil pesos hasta finales del presente año.
En su momento el incremento a la gasolina genero zozobra; ahora es el turno del ajuste al precio del ACPM; esta es una decisión punzante pero inevitable; si bien el manejo de las finanzas de la nación no está en su mejor momento, ya que no pueden continuar subsidiando el diésel de los transportadores en medio de la actual crisis fiscal y las inestabilidades en las cuentas del Estado. El Ministerio de Hacienda debe ejecutar un mejor plan para realizar estos ajustes fiscales y no castigar el sistema económico y productivo que deriva el sector transporte cuya materia prima para operar es precisamente el ACPM.
Muy seguramente como se prevé, los sobrecostos de fletes, tiquetes de pasajeros vía terrestre, el transporte publico colectivo en la totalidad de municipios de Colombia se vera reflejado en el incremento de estas tarifas y será el usuario final el que tendrá que cubrir los incrementos, en pocas palabras todos los colombianos de alguna u otra manera pagaremos ese incremento.
No se puede minimizar cualquier consecuencia en los precios que se derive tanto de esta subida como del propio paro.
En este contexto los transportadores, como cualquier otro grupo social, tienen el derecho de manifestarse en contra de las medidas del Gobierno. No obstante, esas protestas no deben converger en bloqueos traumáticos a la libre movilización del resto de los ciudadanos ni restricciones a la libre circulación de bienes y mercancías que necesita una economía que busca reactivarse.
Las vías de hecho en el paro camionero no son bienvenidas ni justificadas, pero igualmente se conmina al gobierno nacional a generar un mejor plan en la ejecución pública de los subsidios, para no generar traumatismos como el que hoy está viviendo el país; ya que estos subsidios serán trasladados a otro sector.
Javier Recalde Martínez