En un paso decisivo hacia la reparación integral de las víctimas del conflicto armado, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, lideró la instalación del Comité de Justicia Transicional.
Este importante evento se centró en la aprobación del Plan de Contingencia Departamental y la socialización de los planes de retorno étnico para las comunidades del Alto y Bajo Jagua en Tumaco y del resguardo La Montaña en Samaniego.
Los planes de retorno están enmarcados en la Ley 1448 de 2011, la cual busca garantizar un regreso seguro y sostenible de las comunidades desplazadas a sus territorios de origen.
Soluciones
Carlos Ortega, representante de la Mesa Departamental de Víctimas, enfatizó la necesidad de soluciones duraderas, instando a que las entidades estatales, tanto a nivel municipal como departamental y nacional, estén coordinadas y comprometidas en garantizar el cumplimiento de los acuerdos con las víctimas.
La administración departamental ha reiterado su compromiso de cerrar definitivamente estos procesos, asegurando que las comunidades regresen en condiciones de seguridad, dignidad y sin riesgo de repetición.
Coordinación
“Hemos aprobado el Plan de Contingencia Departamental, fundamental para la reparación integral del departamento de Nariño. Nuestro compromiso está con estas comunidades que han sido afectadas por la violencia”, afirmó el subsecretario de Paz y Derechos Humanos, Alex González.
Durante el evento, se destacó la importancia de la coordinación interinstitucional, que ha permitido avances significativos, como la posible aprobación del primer retorno étnico en la costa del Pacífico.
Esfuerzo
Este esfuerzo refleja el firme compromiso del Gobierno Nacional con la reparación integral y la construcción de paz desde los territorios, a través de acciones concretas orientadas al mejoramiento de infraestructura, la promoción de proyectos productivos y el fortalecimiento institucional.
La instalación del Comité de Justicia Transicional marca un hito en el proceso de restitución de derechos y la búsqueda de justicia para las comunidades que han sufrido las secuelas del conflicto, reafirmando la intención del gobierno de transformar el dolor en esperanza y reconstrucción.