Por: Ricaurte Losada Valderrama
He insistido desde hace muchos años en la necesidad de despolitizar la justicia. Así lo propongo en mis libros, Los Errores del 91 y La Justicia al Servicio de la Política, entre otros trabajos.
Para empezar, el procurador general de la Nación, el fiscal general, el contralor general, los magistrados de las cortes y del Consejo de Estado, así como los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, debieran ser designados a través de estricto concurso público de méritos, que podría ser realizado por la Comisión Nacional del Servicio Civil, que debiera cumplir de manera más amplia la función para la cual fue creada.
Si solo esta reforma se hiciera, que es bien difícil, por no decir que imposible, debido a que los magistrados, así como los funcionarios referidos, se opondrán como ya lo han hecho, pero de lograrlo se despolitizaría la justicia en un grado importante.
Las ternas para elegir a los magistrados del Consejo Nacional de Diciplina Judicial, no deben integrarse por el Consejo de Estado, ni por el presidente de la República, pues ello les da un origen político, por ser electoral, que incide de manera inconveniente en su labor de conocer sobre las faltas disciplinarias de los funcionarios de la Rama.
Otro tanto sucede con la elección de los miembros del Consejo Nacional Electoral, postulados por los partidos políticos y elegidos por el Congreso. En consecuencia, representan unas organizaciones políticas, agrupaciones que deberían estar muy distantes de la organización electoral, para que ésta sea imparcial, u otra posibilidad sería que cada partido eligiera un vocero, hecho imposible ante la existencia de más de treinta partidos y movimientos.
De otra parte, debe acabarse con la cooptación limitada, menos lesiva cuando los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, elegían directamente sus remplazos. Ahora los aspirantes a magistrados deben hacer doble campaña: ante el Consejo Superior de la Judicatura para que los coloque en lista y ante los magistrados para que los elijan. Entonces, la justicia está lejos de ser imparcial e independiente y, una justicia parcializada y dependiente, no es justicia.
Y mientras no se les quiten las abundantes funciones electorales a los magistrados de las cortes y del Consejo de Estado y se les asigne juez real que los investigue y juzgue, tampoco habrá justicia independiente e imparcial y distante de la corrupción, entre otras condiciones.
Sin embargo, esta reforma inaplazable, pero aplazada por décadas, será bien difícil y, de lograrse, será muy parcial, pues en nuestro medio se toman las decisiones fundamentales de manera tardía y a cuenta gotas. Además, las que lleguen a darse, corren el riesgo de ser declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional, haciendo uso de su jurisprudencia, en veces aplicada inconstitucionalmente de que con ellas se sustituye la Constitución.
Y entre lo mucho que habrá que seguir esperando, por tantos factores para reformar la justicia, uno será, otro u otros gobiernos. El actual, “el del cambio”, poco lo ha siquiera planteado, y cuando lo ha hecho, se ha referido a temas menores. Mientras tanto, y quien sabe por cuánto tiempo, la justicia continuará estando de manera frecuente al servicio de la política.
@ricaurtelosada