Por: Luis Eduardo Solarte Pastás
Uno de los pilares fundamentales de la democracia es la participación de la ciudadanía en el contexto político, social y de control a la administración pública como principio rector de un Estado Social de Derecho.
Dentro de ese contexto y con la finalidad de lograr la participación democrática en la conformación, ejercicio y control del poder político, las Constituciones Políticas Democráticas de diversos países, han establecido el derecho de todo ciudadano y ciudadana a emitir su voto cuando se realicen elecciones para elegir y ser elegidos o elegidas.
En Colombia, hace 70 años, los periódicos y medios de comunicación de la época registraron un acontecimiento histórico. En la tarde del 25 de agosto de 1954, la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC) aprobó el voto femenino, como resultado de una lucha feminista, en la cual por más de una década, centenares de mujeres buscaron su ciudadanía completa y, paradójicamente, la consiguieron hasta que subió al poder el militar Gustavo Rojas Pinilla.
Respecto a lo precedente, la socióloga, Fabiola Calvo, integrante de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género, hace la aclaración en el sentido de que “a veces se escucha decir que el derecho al voto se lo debemos al general Gustavo Rojas Pinilla en medio de su dictadura; pero eso no fue un regalo, esto es producto de un movimiento internacional, que se da también en Colombia»,
Aquí es bueno traer a colasión que la lucha para llegar a las urnas empezó conquistando otros derechos, diferentes. Antes de la década de 1930, las mujeres tenían prohibido entrar a la universidad y no les estaba permitido hacer el bachillerato; no podían salir del país sin el permiso de sus esposos y tampoco manejaban su propio salario.
Sin embargo, a partir de 1932 se conquista el derecho a administrar bienes y en 1933 el derecho a la educación. Estas victorias fueron esenciales para la autonomía de las mujeres, especialmente con la posibilidad de terminar el bachillerato e ingresar a la universidad.
En 1944, el gobierno de Alfonso López Pumarejo planteó una reforma que le daría a la mujer el estatus de ciudadana y podría ejercer cargos públicos, pero en la letra pequeña se aclaraba que el sufragio no estaba incluido. A pesar de que la propuesta dejaba por fuera el voto femenino, fue aplaudida por muchas mujeres y también criticada por hombres que ya gozaban de esos derechos.
Con la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, las mujeres encontraron el impulso internacional para seguir luchando por el derecho al voto; pues, allí se dijo que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, idioma, religión, sexo o de cualquier otra índole”.
Y esto hizo que los movimientos de mujeres de ese entonces presentaran un proyecto de ley ante el Congreso sobre el reconocimiento del derecho al voto, pero la iniciativa fracaso.
Pero en la Asamblea Nacional Constituyente de 1954, luego de arduos debates y confrontaciones políticas, encontraron por fin la luz verde para que hoy el voto de la mujer sea una realidad para empezar a ganar espacio en la política, aunque hoy, tras 70 años del histórico momento, persiste la brecha de desigualdad en la representación política de las mujeres en Colombia.