A la Fiscalía General de la Nación fue entregado el informe de Actuación Especial de Fiscalización (AEF) realizado por la Contraloría Municipal al Concejo de Pasto en el que se consolidaron 26 hallazgos, 10 de ellos fiscales por un valor de 363.179.122 pesos. En el escándalo están comprometidos, presuntamente, cinco concejales, cinco exconcejales y funcionarios de la corporación.
Cabe mencionar que, de acuerdo con las disposiciones legales, específicamente la guía de auditoría territorial. GAT 3.0, las partes intervinientes en esta auditoría fueron la Contraloría, la entidad auditada y los usuarios previstos dentro de los cuales se encuentra el representante legal de la entidad auditada y la ciudadanía (veedores, medios de comunicación, etc.).
Una vez el informe final se remitió al representante legal de la entidad auditada, en este caso el Concejo de Pasto, este debía liberarse, o sea, se publicó en la página web de la Contraloría para que lo conozcan los medios de comunicación y por intermedio de ellos la ciudadanía.
Auditoria
En diálogo con DIARIO DEL SUR el contralor municipal Luis Fernando Mutis precisó que, entre el 18 y 24 de enero de 2024, el ente de control recibió dos denuncias; una presentada por el actual presidente del Concejo, Andrés Acosta y otra por el concejal Mauricio Torres, indicando posibles irregularidades financieras y administrativas dentro del Cabildo Municipal.
Entre los aspectos fundamentales de la denuncia de Acosta se destaca lo siguiente: “(…) realizo esta solicitud en atención a que finalizado el año 2023 se encontró una diferencia de alrededor de cien millones de pesos, entre el saldo disponible en bancos reportado por tesorería y el saldo disponible en la cuenta del banco de Av Villas de la cuenta que es titular la entidad.
(…) situación irregular detectada el pasado 15 de enero de 2024, en el área de tesorería del Concejo Municipal de Pasto, en donde se presentó en la cuenta institucional del banco Av Villas correspondiente al Número 201-49395-4, un faltante de los recursos de la corporación que superan los 100 millones de pesos”.
Las dos denuncias presentadas fueron sometidas al análisis de procedencia efectuadas por el Contralor y la directora técnica de control fiscal y cómo consecuencia del análisis, el Contralor ordenó mediante acto administrativo, realizar una Actuación Especial de Fiscalización (AEF) al Concejo.
Para esta AEF, la directora técnica de control fiscal dispuso de un equipo de auditores multidisciplinario compuesto por economista, contador, abogado y analista de sistemas, quienes fueron supervisados por la directora técnica de control fiscal.
La AEF constó de tres etapas: planeación, ejecución e informes. En la primera el líder del equipo auditor le solicitó al presidente del Concejo Andrés Acosta, como representante legal de la corporación, todos los documentos que a su juicio le sirvieran para adelantar la auditoría. Es decir, documentos de tipo presupuestal, financiero, contable, entre otros, con la finalidad de realizar los análisis correspondientes y observar desviaciones a la normatividad legal.
Cómo resultado del análisis puesto en conocimiento del equipo auditor se elaboró un documento denominado observaciones que fue sometido a un análisis de mesa donde participó la directora técnica de control fiscal y el equipo auditor.
Finalmente, el documento que reunió todas las observaciones fue remitido al representante legal del Concejo, mediante oficio 079-2024 suscrito por la directora técnica de control fiscal y el líder del equipo auditor, con fecha 13 de junio de 2024. Esto con el fin de que se ejerza el derecho a la contradicción, es decir, el derecho a la defensa.
En el mismo se le informó al presidente Andrés Acosta que la respuesta debía ser única emitida por la Corporación municipal, por lo tanto, era su obligación informarles a los interesados para que hicieran todos sus descargos y desvirtuaran las observaciones. Lo anterior por cuanto la Contraloría, no audita personas, sino entidades.
Respuesta insuficiente
Añadió que, una vez recibieron las respuestas a las contradicciones hechas por parte del equipo auditor, el líder de auditoría y la directora técnica de control fiscal en una mesa de análisis de hallazgos, examinaron las respuestas y determinaron si estas eran sólidas y efectivas para eliminar dicha observación.
Sin embargo, una vez culminado ese proceso no se recibieron argumentos que desvirtuaran lo encontrado por el equipo auditor, por lo cual la Contraloría expidió el informe final de auditoría.
“El informe final de Hallazgos no es un acto administrativo. Así lo ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado y los conceptos de la oficina jurídica de la Contraloría General de la República. El 9 de julio de 2024 se reportó el documento al representante legal del Concejo y un día después fue publicado en la página web de la Contraloría.
Es fundamental tener presente que la AEF realizada al Concejo, se realizó teniendo en cuenta todos los parámetros legales y en especial la guía de auditoría 3.0 que fue adoptada por la Contraloría municipal de Pasto”, precisó Mutis.
Hallazgos
En el informe final de la AEF entregado al Concejo se destacan los siguientes hallazgos: 20 con incidencia disciplinaria, 10 con incidencia fiscal que ascienden a la suma de 363.179.123 pesos y 9 con incidencia penal.
En una de las respuestas al informe de observaciones, el presidente del Cabildo afirmó que “por parte del Concejo tras una verificación minuciosa se identificó que efectivamente hubo pagos en exceso a los concejales, estos pagos se realizaron debido a un error en la gestión de la persona encargada de la plataforma de pagos, conjunta responsabilidad del equipo financiero, el error se originó por falta de revisión y control por parte del equipo financiero que no detectaron a tiempo las discrepancias en los montos pagados”.
Cabe señalar que por esta afirmación que hizo el mismo presidente del Concejo, fue que los auditores relacionaron en el informe final de hallazgos, los nombres de los concejales investigados.
Debido proceso
Hasta el momento la Contraloría de Pasto, no ha abierto ningún proceso de responsabilidad fiscal contra ninguno de los implicados. Será entonces la dirección técnica de responsabilidad fiscal la encargada de analizar y estudiar cada caso y para ello, se tendrá en cuenta todos los lineamientos de la Ley 617 del 2000 donde se estipulan 3 elementos fundamentales para dar paso a esa instancia:
El primero verificar si hubo una defraudación al patrimonio público. El segundo elemento es identificar a la persona a quien le pudo haber llegado esos recursos. Y el tercer que haya un nexo causal.
Es de aclarar que por disposiciones legales se debe compulsar copia del informe final de hallazgos a la Fiscalía y a la Procuraduría para que, dentro de sus competencias, se adelanten las investigaciones que dichos organismos tengan que realizar.
Mientras que sobre los hallazgos con incidencia fiscal se desarrollará la etapa siguiente consistente en trasladar el informe de hallazgos desde la dependencia de control fiscal a la de responsabilidad fiscal para lo de su competencia.
En caso de que se determine abrir un proceso de responsabilidad fiscal en contra de algún funcionario público o contratista, esta se comunicará al funcionario y se tendrá en cuenta en esta instancia el debido proceso, el derecho a la defensa y la reserva del proceso.
Cabe mencionar que, de acuerdo con la Contraloría Municipal hasta el momento, no hay proceso de responsabilidad fiscal contra ningún funcionario del Concejo de Pasto.
| Concejal | Extracto oficial de Av. Villas | Reporte SIA, valor neto pagado. | Valor excedido |
| José Criollo | $87,716,341 | $79,918,099 | $7,798,242 |
| Álvaro Gómezjurado | $86,814,741 | $79,467,299 | $7,347,442 |
| Berno López | $86,814,741 | $79,467,299 | $7,347,442 |
| Franky Eraso | $97,101,183 | $79,467,299 | $17,633,884 |
| Gustavo Núñez | $83,946,220 | $79,467,299 | $4,478,921 |
| Serafín Ávila | $87,447,341 | $79,600,899 | $7,846,442 |
| Valdemar Villota | $115,486,820 | $78,388,099 | $37,098,721 |
| Andrés Acosta | $44,463,075 | $43,000,419 | $1,462,656 |
| Ricardo Ceron | $24,012,994 | $22,153,342 | $1,859,652 |
Devolvió la plata
El martes 13 de agosto de 2024, un exconcejal acudió a la Contraloría municipal de Pasto para hacer entrega de un oficio en el que se adjuntaba un recibo de consignación por un valor de 37 millones 98 mil 721 pesos a una cuenta del Banco Agrario, cuyo titular es la Alcaldía de Pasto.
En el documento expresó que, tras realizar una minuciosa revisión de su extracto bancario, verificó que en efecto se le habían girado pagos adicionales por parte del Concejo de Pasto durante la vigencia 2021.
Este hecho sumado al testimonio del exconcejal William Orlando Urbano Vallejo y la respuesta del actual presidente del Concejo, Andrés Acosta, reafirma que en efecto se registraron irregularidades en los pagos de los cabildantes, las cuales no fueron reportadas debidamente por los involucrados, incumpliendo con su obligación ética como servidores públicos.
Por lo anterior, la comunidad pastusa y los electores de los concejales José Henry Criollo, Álvaro José Gómezjurado, Berno López, Franky Eraso, Serafín Ávila y Andrés Acosta, esperan que devuelvan los 63.198.923 pesos que les fueron girados de más a sus cuentas bancarias.
Si hubo pagos adiciones
En diálogo con DIARIO DEL SUR el exconcejal William Urbano Vallejo, precisó que en efecto en la vigencia anterior si se registraron pagos adicionales en el Concejo de Pasto. Como muestra de ello, indicó que en una ocasión a su cuenta le fueron girados recursos por un valor superior a los 8 millones de pesos, cuando en realidad debía recibir algo más de 4 millones por las sesiones a las que asistió.
En este sentido, Urbano Vallejo, indicó que una vez identificó la irregularidad procedió a verificar lo sucedido con el área de tesorería del Concejo, donde efectivamente comprobaron que se trataba de un error. Por lo tanto, procedió a realizar la devolución del dinero restante que no le pertenecía. Este mismo proceso debían haberlo hecho los demás cabildantes.
“La ley es clara e indica que ningún servido público debe recibir recursos adicionales a los que se gana por cumplir con su contrato. El deber de los concejales es velar, porque los dineros de los impuestos de los ciudadanos no se pierdan, por eso devolví de manera inmediato esos recursos que no me pertenecían”, puntualizó.
Intimidación contra la prensa
La loca María Alejandra Guerrero, concejal de Pasto, como la conocen en el Concejo, hace parte del partido La Fuerza de la Paz, en medio de su ignorancia e inexperiencia política, profirió lanzar graves insultos en medio una sesión en contra la labor periodística adelantada por esta Casa Editorial DIARIO DEL SUR.
La cabildante, con sus expresiones estigmatizantes y ataques contra la libertad de prensa no sólo desconoció la gran institución que es esta casa editorial, donde se han formado la gran mayoría de periodistas de Colombia y del departamento, sino que también demostró su falta de cultura y poco nivel intelectual.
Este medio ha desempeñado un papel crucial en la construcción de una prensa libre y en la promoción de la transparencia y el buen gobierno. Por tanto, la crítica de la loca Guerrero, marcada por su falta de profesionalismo y ética, demuestra una grave falta de conocimiento sobre el valor y el impacto de este periódico en la comunidad. En DIARIO DEL SUR se recibieron importantes personajes de la política nacional cuando ella ni siquiera había nacido.
Su corto recorrido en el Concejo, donde es conocida por sus compañeros como la loca del barrio, sus nulos aportes en las plenarias y su poco aporte al progreso y desarrollo de la capital nariñense van acorde a sus pronunciamientos sin sentido. Por este motivo, es importante que se instruya y lea, antes de referirse a una institución tan importante como lo es DIARIO DEL SUR.
Su expresión grosera al dirigirse a este medio también demuestra que está lejos de lograr consolidar un proyecto importante en su vida, como construir un periódico y sostenerlo durante 41 años sin interrupción; ya que el poco dinero que recibe en la corporación municipal, no le alcanza para lograrlo.
El hecho de que la concejal se sienta aludida por el informe publicado por DIARIO DEL SUR el 8 de agosto de 2024, que detalla presuntos hallazgos fiscales por parte de la Contraloría Municipal en el Concejo de Pasto, y en el que ella no está directamente involucrada, sugiere que podría tener razones personales para su actitud hostil. En lugar de atacar a este medio, sería prudente que la loca Guerrero aclare si tiene alguna implicación en este escándalo o si hay otros motivos detrás de su reacción desproporcionada.
Sus electores deben analizar si vale la pena tener a una loca en el Concejo de Pasto, donde sólo caben expresiones de respeto hacia los demás y por encima de todo, hacia la libertad de prensa. En DIARIO DEL SUR estaremos pendientes del trabajo que adelante esta concejal en lo que le resta de su periodo.
Sin pronunciamiento
En el informe final de actuación especial de fiscalización realizado por la Contraloría Municipal se relaciona el hallazgo No.13 donde se precisa una presunta incidencia disciplinaria y fiscal por valor de $100.297.644, recursos relacionados a pagos adicionales realizados a 10 concejales, entre los cuales se encuentra Berno López del Partido En Marcha – Movimiento Fuerza Ciudadana.
Según el documento, el cabildante presuntamente, habría recibido de más 7 millones 347 mil 442 pesos, durante la vigencia 2021 como queda constatado en su extracto bancario y el reporte subido a la plataforma SIA, cuyos valores fueron contrastados por la Contraloría Municipal. Pese a ello, el concejal no reportó a tiempo la irregularidad por lo que, al parecer, habría cometido una omisión en sus funciones.
Ahora el concejal deberá defenderse en la dirección técnica de responsabilidad fiscal de la Contraloría Municipal. En caso de no lograr desvirtuar el hallazgo, López, podría ser sometido a sanciones disciplinarias por parte de la Procuraduría, mismas que le costaría su curul.
Cabe mencionar que tanto sus electores como la comunidad de la capital nariñense, esperan que el cabildante devuelva los 7 millones 347 mil 442 que le fueron consignados a su cuenta durante la vigencia 2021, como ya lo hizo uno de los implicados.
Es importante destacar que DIARIO DEL SUR se comunicó con Berno López el pasado miércoles 7 de agosto para conocer su versión ante los hechos. En total se le realizaron nueve llamadas desde las 11:41 a.m. hasta las 12:26 m. con dos celulares distintos. Además, se le enviaron mensajes a su número de WhatsApp que tampoco fueron respondidos.
Con lo anterior, desmentimos las declaraciones realizadas por el concejal López ante medios de comunicación y publicaciones en redes sociales donde ha manifestado no haber sido contactado por el equipo de periodistas de esta Casa Editorial.
En sus declaraciones entregadas a diferentes medios de comunicación, el cabildante ha puesto en entredicho el accionar del presidente del Concejo de Pasto, Andrés Acosta, al señalar que no les transmitió a tiempo la información de la auditoría de la Contraloría.
Concejal difamador
El concejal Mauricio Torres Silva, del Centro Democrático, reconocido en la capital nariñense por protagonizar un grave accidente en mayo de este año mientras conducía en presunto estado de embriaguez, señaló en la sesión del Concejo que el cabildante Anderson Martínez, pagó para que se publicara en DIARIO DEL SUR el informe efectuado por la Contraloría Municipal.
Esta acusación sin fundamento deberá ser demostrada con pruebas fehacientes por el cabildante, de lo contrario, tendrá que retractarse de su pronunciamiento o si no, se adelantarán las correspondientes acciones legales por parte de esta Casa Editorial ante las entidades competentes.
Cabe mencionar que en el mencionado accidente registrado en el intercambiador vial Agustín Agualongo, antigua glorieta de Las Banderas, Torres Silva dañó un vehículo y según el conductor afectado y testigos, trató de darse a la fuga. Hechos que quedaron evidenciados en videos que circularon en redes sociales.
Además, al ser sometido a la prueba de alcoholemia por agentes de la Secretaría de Tránsito de Pasto, resultó con primer grado de embriaguez, hecho que fue confirmado por el mismo cabildante a medios de comunicación. El grado uno (entre 40 y 99 mg de etanol/100 ml de sangre total), por lo que habría sido sancionado con una multa de 180 SMDLV ($7.800.000) y la suspensión de la licencia de conducción por tres años.
Sus electores esperan que deje de frecuentar los bares y discotecas de la avenida Los Estudiantes y, por el contrario, asista a las sesiones del Concejo donde sus propios compañeros de plenaria han indicado que no asiste a varias sesiones o que, si lo hace, sólo va a calentar puesto.
Igualmente, la comunidad de la capital nariñense le solicitó dejar la rumba para que no incumpla con sus labores en el Concejo, ya que consideran que por ello dejó de supervisar las labores del equipo financiero, siendo el ordenador del gasto cuando fungía como presidente, y por eso provocó que se extraviaran los 363 millones de pesos.