A la Fiscalía General de la Nación fue entregado el informe de Actuación Especial de Fiscalización (AEF) realizado por la Contraloría Municipal al Concejo de Pasto en el que se consolidaron 26 hallazgos, 10 de ellos fiscales por un valor de 363.179.122 pesos. En el escándalo están comprometidos, presuntamente, cinco concejales, cinco exconcejales y funcionarios de la corporación.
Cabe mencionar que, de acuerdo con las disposiciones legales, específicamente la guía de auditoría territorial. GAT 3.0, las partes intervinientes en esta auditoría fueron la Contraloría, la entidad auditada y los usuarios previstos dentro de los cuales se encuentra el representante legal de la entidad auditada y la ciudadanía (veedores, medios de comunicación, etc.).
Una vez el informe final se remitió al representante legal de la entidad auditada, en este caso el Concejo de Pasto, este debía liberarse, o sea, se publicó en la página web de la Contraloría para que lo conozcan los medios de comunicación y por intermedio de ellos la ciudadanía.
Auditoria
En diálogo con DIARIO DEL SUR el contralor municipal Luis Fernando Mutis precisó que, entre el 18 y 24 de enero de 2024, el ente de control recibió dos denuncias; una presentada por el actual presidente del Concejo, Andrés Acosta y otra por el concejal Mauricio Torres, indicando posibles irregularidades financieras y administrativas dentro del Cabildo Municipal.
Entre los aspectos fundamentales de la denuncia de Acosta se destaca lo siguiente: “(…) realizo esta solicitud en atención a que finalizado el año 2023 se encontró una diferencia de alrededor de cien millones de pesos, entre el saldo disponible en bancos reportado por tesorería y el saldo disponible en la cuenta del banco de Av Villas de la cuenta que es titular la entidad.
(…) situación irregular detectada el pasado 15 de enero de 2024, en el área de tesorería del Concejo Municipal de Pasto, en donde se presentó en la cuenta institucional del banco Av Villas correspondiente al Número 201-49395-4, un faltante de los recursos de la corporación que superan los 100 millones de pesos”.
Las dos denuncias presentadas fueron sometidas al análisis de procedencia efectuadas por el Contralor y la directora técnica de control fiscal y cómo consecuencia del análisis, el Contralor ordenó mediante acto administrativo, realizar una Actuación Especial de Fiscalización (AEF) al Concejo.
Para esta AEF, la directora técnica de control fiscal dispuso de un equipo de auditores multidisciplinario compuesto por economista, contador, abogado y analista de sistemas, quienes fueron supervisados por la directora técnica de control fiscal.
La AEF constó de tres etapas: planeación, ejecución e informes. En la primera el líder del equipo auditor le solicitó al presidente del Concejo Andrés Acosta, como representante legal de la corporación, todos los documentos que a su juicio le sirvieran para adelantar la auditoría. Es decir, documentos de tipo presupuestal, financiero, contable, entre otros, con la finalidad de realizar los análisis correspondientes y observar desviaciones a la normatividad legal.
Cómo resultado del análisis puesto en conocimiento del equipo auditor se elaboró un documento denominado observaciones que fue sometido a un análisis de mesa donde participó la directora técnica de control fiscal y el equipo auditor.
Finalmente, el documento que reunió todas las observaciones fue remitido al representante legal del Concejo, mediante oficio 079-2024 suscrito por la directora técnica de control fiscal y el líder del equipo auditor, con fecha 13 de junio de 2024. Esto con el fin de que se ejerza el derecho a la contradicción, es decir, el derecho a la defensa.
En el mismo se le informó al presidente Andrés Acosta que la respuesta debía ser única emitida por la Corporación municipal, por lo tanto, era su obligación informarles a los interesados para que hicieran todos sus descargos y desvirtuaran las observaciones. Lo anterior por cuanto la Contraloría, no audita personas, sino entidades.
Respuesta insuficiente
Añadió que, una vez recibieron las respuestas a las contradicciones hechas por parte del equipo auditor, el líder de auditoría y la directora técnica de control fiscal en una mesa de análisis de hallazgos, examinaron las respuestas y determinaron si estas eran sólidas y efectivas para eliminar dicha observación.
Sin embargo, una vez culminado ese proceso no se recibieron argumentos que desvirtuaran lo encontrado por el equipo auditor, por lo cual la Contraloría expidió el informe final de auditoría.
“El informe final de Hallazgos no es un acto administrativo. Así lo ha dicho la jurisprudencia del Consejo de Estado y los conceptos de la oficina jurídica de la Contraloría General de la República. El 9 de julio de 2024 se reportó el documento al representante legal del Concejo y un día después fue publicado en la página web de la Contraloría.
Es fundamental tener presente que la AEF realizada al Concejo, se realizó teniendo en cuenta todos los parámetros legales y en especial la guía de auditoría 3.0 que fue adoptada por la Contraloría municipal de Pasto”, precisó Mutis.
Hallazgos
En el informe final de la AEF entregado al Concejo se destacan los siguientes hallazgos: 20 con incidencia disciplinaria, 10 con incidencia fiscal que ascienden a la suma de 363.179.123 pesos y 9 con incidencia penal.
En una de las respuestas al informe de observaciones, el presidente del Cabildo afirmó que “por parte del Concejo tras una verificación minuciosa se identificó que efectivamente hubo pagos en exceso a los concejales, estos pagos se realizaron debido a un error en la gestión de la persona encargada de la plataforma de pagos, conjunta responsabilidad del equipo financiero, el error se originó por falta de revisión y control por parte del equipo financiero que no detectaron a tiempo las discrepancias en los montos pagados”.
Cabe señalar que por esta afirmación que hizo el mismo presidente del Concejo, fue que los auditores relacionaron en el informe final de hallazgos, los nombres de los concejales investigados.
Debido proceso
Hasta el momento la Contraloría de Pasto, no ha abierto ningún proceso de responsabilidad fiscal contra ninguno de los implicados. Será entonces la dirección técnica de responsabilidad fiscal la encargada de analizar y estudiar cada caso y para ello, se tendrá en cuenta todos los lineamientos de la Ley 617 del 2000 donde se estipulan 3 elementos fundamentales para dar paso a esa instancia:
El primero verificar si hubo una defraudación al patrimonio público. El segundo elemento es identificar a la persona a quien le pudo haber llegado esos recursos. Y el tercer que haya un nexo causal.
Es de aclarar que por disposiciones legales se debe compulsar copia del informe final de hallazgos a la Fiscalía y a la Procuraduría para que, dentro de sus competencias, se adelanten las investigaciones que dichos organismos tengan que realizar.
Mientras que sobre los hallazgos con incidencia fiscal se desarrollará la etapa siguiente consistente en trasladar el informe de hallazgos desde la dependencia de control fiscal a la de responsabilidad fiscal para lo de su competencia.
En caso de que se determine abrir un proceso de responsabilidad fiscal en contra de algún funcionario público o contratista, esta se comunicará al funcionario y se tendrá en cuenta en esta instancia el debido proceso, el derecho a la defensa y la reserva del proceso.
Cabe mencionar que, de acuerdo con la Contraloría Municipal hasta el momento, no hay proceso de responsabilidad fiscal contra ningún funcionario del Concejo de Pasto.