No paran las polémicas dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por el uso indebido de los vehículos dispuestos para la protección de funcionarios y la ciudadanía en general.
Además del escándalo en el que integrantes de las disidencias de las Farc, que tenían órdenes de captura vigentes, se movilizaban en uno de los automóviles designados por la entidad por vías de Antioquia, se le suma el pliego de cargos por parte de la Procuraduría General de la Nación contra los agentes Álvaro Hernández Gil y Yecith Alejandro Sánchez Zabala.
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Según el ente de control fiscal, los funcionarios de la UNP habrían realizado diligencias personales en uno de los vehículos asignado a un protegido. “Este actuar va en contravía de los protocolos que regulan el uso y manejo de las medidas de prevención y protección asignadas a personas en situación de riesgo”, señaló la Procuraduría
La entidad informó que “los investigados utilizaron el vehículo de placas IFR 763 para hacer diligencias del beneficiario y una diligencia personal del investigado Hernández Gil, por lo que no es permitido transportar a personas no cobijadas con la medida de protección y tampoco movilizarse en el automóvil para hacer diligencias sin la presencia del beneficiario del programa”.
Además, la Procuraduría indicó que Sánchez Zabala “se le acusa haber entregado el referido vehículo, el cual estaba bajo su responsabilidad, al escolta Hernández Gil para que este hiciera las diligencias mencionadas (…) de esta manera, faltó así a las reglas que le impedían destinar o movilizar el automotor para fines ajenos al esquema de protección del beneficiario”.
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Por estos hechos, el ente de control calificó provisionalmente la conducta asumida por los investigados, y miembros de la UNP, como falta grave a título de dolo, respectivamente.