Concejales implicados podrían perder su curul
Un grave escándalo por una presunta malversación de fondos y manipulación política, sacude al Concejo Municipal de Pasto. La controversia surgió tras revelaciones de irregularidades financieras que involucran a varios concejales, exconcejales y funcionarios de la corporación.
Según el concejal Anderson Martínez, tras la reestructuración de la mesa directiva del Concejo para el 2024, la cual quedó conformada por el presidente Carlos Andrés Acosta Santacruz, del Partido Nuevo Liberalismo; la primera vicepresidente María Alejandra Guerrero del Partido La Fuerza de la Paz y el segundo vicepresidente José Henry Criollo del Partido Aico; se descubrió un déficit significativo que obligó a revisar las cuentas y las decisiones administrativas tomadas en la pasada legislatura.
En este sentido, afirmó que Acosta notificó a los concejales en reunión privada efectuada a mediados del mes de enero del año en curso, la pérdida de recursos por más de 200 millones de pesos por lo que era necesario cubrir dicha deuda con decisiones como la disminución de la planta de personal del Concejo. Ante esta situación, la mayoría de los cabildantes habría acordado aportar parte de las asignaciones salariales de sus Unidades Legislativas de Trabajo, para cubrir los gastos; aunque no todos estuvieron de acuerdo con esta medida.
Presunto peculado
Anderson Martínez, indicó que la crisis se agravó cuando el presidente Acosta solicitó la utilización de recursos de la vigencia 2024 para saldar deudas de 2023, lo que derivaría, presuntamente, la constitución de un delito.
Precisamente, el concejal Martínez, en una sesión plenaria, sugirió al presidente que no realizara estos pagos para evitar posibles consecuencias legales. Sin embargo, Acosta, afirmó haber realizados pagos de la vigencia 2023, con recursos de la vigencia 2024, lo que levantó más sospechas sobre la administración financiera del Concejo.
En el informe de la Contraloría Municipal quedó consignado que para la vigencia 2023, “la corporación no emite acto administrativo que respalde las cuentas por pagar, por no contar con el respaldo financiero, en este caso, el Concejo Municipal, para justificar los gastos dejados de pagar en el mes de diciembre del 2023, emite la Resolución No. 021 de febrero 14 de 2024, por medio de la cual se autoriza el pago de obligaciones de carácter legal correspondientes a la vigencia 2023, resolución que se estableció en un valor de $77.853.962”.
El ente de control añade que el inconveniente de este acto administrativo, “obedece a que, por la demora en el pago de algunas de estas obligaciones, se cancelaron intereses de mora por valor de $2.449.567”.
Alianza excluyente
Posterior a ese hecho, el expresidente de la Mesa Directiva para el periodo 2023, Mauricio Torres Silva del partido Centro Democrático junto con el actual presidente Acosta, solicitaron una investigación ante la Contraloría Municipal, pero surgieron problemas con la transparencia y el acceso a la información.
Se alegó que hubo alianzas políticas estratégicas para limitar el acceso a la información sobre las irregularidades. Y como evidencia, Anderson Martínez señala que la coalición de gobierno fue conformada en principio por él y los concejales Andrés Acosta, Jorge Ortiz, Franky Erazo, Henry Criollo, Andrés Meneses, José Félix Solarte, Álvaro Zarama, Berno López, Bayron Andrés Gustín, Juan Marcelino Unigarro y Omar Cerón.
Sin embargo, precisó que una vez iniciaron las investigaciones, tanto él como Gustín, Unigarro y Cerón, fueron reemplazados por María Alejandra Guerrero, Jesús Bastidas, Mauricio Torres y Álvaro José Gomezjurado, pese a ser opositores acérrimos del actual alcalde Nicolás Toro Muñoz.
Pagos indebidos
El informe de la Contraloría consta de 160 páginas y fue publicado en su página Web el 11 de julio de 2024. El documento reveló 26 hallazgos administrativos, uno Administrativo sancionatorio, 20 disciplinarios, 9 incidencias penales y 10 incidencias fiscales que reportan una pérdida de 363 millones 179 mil 122 pesos.
En el informe se precisó, a través del hallazgo 13, que algunos concejales recibieron pagos indebidos por un valor total de 100.297.644 pesos y que sus extractos bancarios habían sido falsificados. Precisamente, en las páginas 122 y 123 del informe, se relaciona un cuadro con los valores que recibieron los concejales en 2021 relacionados de la siguiente manera:
| Concejal | Extracto oficial de Av. Villas | Reporte SIA, valor neto pagado. | Valor excedido |
| José Criollo | $87,716,341 | $79,918,099 | $7,798,242 |
| Álvaro Gómezjurado | $86,814,741 | $79,467,299 | $7,347,442 |
| Berno López | $86,814,741 | $79,467,299 | $7,347,442 |
| Bertulfo Gustín | $85,846,341 | $78,422,099 | $7,424,242 |
| Franky Eraso | $97,101,183 | $79,467,299 | $17,633,884 |
| Gustavo Núñez | $83,946,220 | $79,467,299 | $4,478,921 |
| Serafín Ávila | $87,447,341 | $79,600,899 | $7,846,442 |
| Valdemar Villota | $115,486,820 | $78,388,099 | $37,098,721 |
| Andrés Acosta | $44,463,075 | $43,000,419 | $1,462,656 |
| Ricardo Cerón | $24,012,994 | $22,153,342 | $1,859,652 |
Minuciosa revisión
Sobre la irregularidad en dichos pagos de la vigencia 2021, el Concejo indicó que, “tras una verificación minuciosa se identificó que efectivamente hubo pagos en exceso a los concejales, debido a un error en la gestión de la persona encargada de la plataforma de pagos, conjunta responsabilidad del equipo financiero”.
Al respecto, la Contraloría señaló que, una vez revisada la respuesta presentada por la corporación, y verificados los valores en el extracto oficial del banco AV Villas, “se evidencia que existieron mayores valores pagados de los cuales no se anexan soportes de reintegro ni tampoco justifican los menores valores reportados, constituyéndose en un “hallazgo administrativo, con incidencia disciplinaria y fiscal por valor de 100.297.644 pesos”.
Por lo anterior, el concejal Anderson Martínez señaló que, “si la investigación hecha por la Contraloría avanza como debe ser, los concejales implicados en este escándalo podrían perder presuntamente su investidura, por lo tanto, estarían en riesgo de ser destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos, ya que de encontrarse responsables por las autoridades competentes, estarían frente a la comisión de delitos por el hecho de no haber reportado a tiempo los giros adicionales realizados”.
Conducta repetitiva
Los “errores humanos” cometidos por el equipo financiero, según respuesta de Concejo de Pasto al equipo auditor de la Contraloría, se habrían repetido una y otra vez en las vigencias 2022 y 2023. Muestra de ello son las diferencias tanto negativas como positivas registradas en los pagos realizados a los cabildantes durante la vigencia pasada.
Precisamente, en el hallazgo 8, se registran los pagos realizados por el Concejo Municipal a los cabildantes en la vigencia 2022 y se compara con el pago registrado en el extracto bancario y el reporte que se realiza en el SIA formato IEF04 relación de pagos, determinando que si existieron diferencias en el valor pagado.
Por ejemplo, el concejal Mauricio Torres Silva, recibió 79.901.385 pesos en su cuenta bancaria, sin embargo, en la plataforma SIA, aparece un monto de 79.781.785 estableciéndose una diferencia de 119.600 pesos. Igualmente, el concejal Franky Erazo recibió 80.771.880 pesos en su cuenta, pero solo fueron reportados 80.382.380 pesos en la plataforma SIA.
Además, a la Contraloría no le fue posible hacer el seguimiento a los pagos realizados a algunos de los concejales, entre ellos, Álvaro Aníbal Figueroa Mora, Jesús Héctor Zambrano Jurado y Christian David Muñoz Santacruz, ya que la información no fue entregada por el Concejo Municipal de Pasto.
Mientras que en el hallazgo 4 del informe se registran los pagos realizados por el Concejo Municipal de Pasto a los cabildantes en la vigencia 2023, donde se compara el pago registrado en el extracto bancario del Banco Av Villas y el reporte que se realiza en el SIA Contraloría, determinando el mayor o menor valor pagado en ese año. Una vez contrastadas las cifras, existen diferencias negativas que corresponden a mayores valores pagados según la información rendida a la plataforma SIA, situación que, para la Contraloría, debe ser aclarada por el Concejo Municipal de Pasto.
Apropiación indebida
El concejal Anderson Martínez, cuestionó un pronunciamiento hecho por el actual presidente Andrés Acosta en la emisora Todelar, donde afirmó que “gracias al actuar de la mesa directiva por él liderada, se habían recuperado 50 millones de pesos”, de los 363 millones reportados como extraviados por la Contraloría.
En este sentido, el cabildante a través de oficio con número de radicado 954 del 25 de julio de 2024, solicitó a Acosta informar qué funcionarios reintegraron los pagos que recibieron adicionales, a qué cuenta los consignaron, cuáles fueron los valores devueltos y si esos dineros se invirtieron o no.
Sin embargo, indicó que Acosta se retrató de esa afirmación hecha en el mencionado medio de comunicación radial y le manifestó mediante el oficio 064 de 2024 que, “lo expresado en los medios de comunicación hace referencia a la posibilidad real que existe de recuperar aproximadamente 50 millones de pesos, fruto de los reintegros que efectúen concejales, exconcejales y personal administrativo de la corporación, a quienes se les giró dinero de más en las anteriores vigencias fiscales”.
Para Anderson Martínez, la primera declaración de Acosta reafirma la presunta comisión del delito de apropiación indebida de recursos cometida por los concejales involucrados puesto que, según él, su deber era informar a tiempo el recibimiento de dichos recursos económicos que no les pertenecían.
Sobre si hubo o no reintegro de dichos recursos a los fondos del Concejo de Pasto, DIARIO DEL SUR entrevistó al concejal Andrés Acosta, quien explicó que, si bien existe una voluntad de los implicados en realizar la devolución de los dineros recibidos, hasta el momento nadie lo ha hecho y tampoco se han pronunciado.
Sin pronunciamiento
Esta Casa Editorial se comunicó con Berno López, concejal del Partido En Marcha-Movimiento Fuerza Ciudadana, para conocer su versión ante los escándalos revelados por la Contraloría Municipal. Sin embargo, no hubo respuesta pese a los constantes intentos para escuchar su versión.
Cabe mencionar que el cabildante es uno de los 10 involucrados en el escándalo de malversación de fondos, puesto que a su cuenta fue transferido un valor adicional de 7.347.442 pesos durante la vigencia 2021, según la información obtenida de su extracto bancario y el reporte subido a la plataforma SIA, cuyos valores fueron contrastados por la Contraloría Municipal.
En este sentido, fuentes consultadas por DIARIO DEL SUR afirmaron que el cabildante al igual que los demás concejales implicados, habría incurrido, presuntamente, en el delito de apropiación indebida de recursos públicos, puesto que su obligación, como la de todo ciudadano, era reportar de forma oportuna ante los entes competentes, la recepción de dineros que no les pertenecían.
Falta de control
En el informe, la Contraloría señala que la falta de control por parte de los respectivos supervisores de contrato y de los presidentes del Concejo, que fungían como ordenadores del gasto, provocaron que la extesorera Marcela Hernández Pantoja, cometiera presuntas irregularidades graves en torno al manejo irregular del Token del Banco, al momento de realizar un pago a través de la plataforma del banco, puesto que se realizaba con una sola autorización.
Por tal razón, y tras ser revisados en detalle el total de los pagos efectuados desde la cuenta origen del Concejo Municipal de Pasto, No. 201-49395-4 del Banco AV Villas, a la cuenta bancaria de la contratista que se identifica con el número de cuenta 23882720, durante la vigencia 2023 ascienden a 138.113.606 pesos.
Sin embargo, los pagos legales que efectivamente se le debía realizar, de acuerdo a los contratos de prestación de servicios que Hernández Pantoja suscribió en la vigencia 2023, y según la relación de pagos rendida en la cuenta SIA y verificados en comprobante de egreso, ascienden a 33.930.000 pesos lo que permite determinar que existieron pagos presuntamente injustificados, determinados en esta Actuación Especial de Fiscalización por valor de 104.183.606 pesos.
De otra parte, dentro de los extractos bancarios del Banco Av Villas, la Contraloría tuvo acceso a información detallada, que, permitió identificar que se realizaron pagos durante la vigencia 2023, por un valor correspondiente a 41.217.671 pesos girados a Bancolombia S.A, específicamente a la cuenta de NEQUI (Banco digital, de Bancolombia) identificada con el número 3206201129, que era manejado por la contratista.
Esto sumado a un giro realizado al Nequi que se identifica con el número 3177777041 por valor de 1.170.000 pesos sin que se tenga información sobre quien tenía su manejo, además, se concluyó que la sumatoria de los pagos realizados a las cuentas de Nequi antes descritas corresponden a un valor total de 42.387.671 pesos lo que se configura en un hallazgo total de 145.401.277 pesos.