Carlos Gallardo
El departamento de Nariño, en el sur de Colombia, atraviesa una de sus etapas más críticas en la historia reciente. La presencia de grupos guerrilleros y paramilitares, el desplazamiento forzado, las violaciones a los Derechos Humanos, los secuestros, el mal estado de las vías y el desempleo son solo algunas de las problemáticas que azotan a la región. Esta compleja situación tiene a la población, especialmente a los municipios de la cordillera y de la costa, al borde del colapso.
En medio de esta tormenta, la sensación de desatención y abandono por parte del Gobierno Nacional es palpable. El Presidente Gustavo Petro, quien asumió con una promesa de cambio y justicia social, parece distante y desconectado de las urgentes necesidades de Nariño. Las peticiones y clamores del departamento han sido reiteradamente ignorados, agravando las tensiones y la desesperación de sus habitantes.
El reciente paro de camioneros es un reflejo de esta desatención. Mientras Nariño vivía días de caos y desesperación debido al cierre de vías clave como Daza y Rumichaca, frontera con Ecuador, el Presidente Petro estaba en Panamá, generando polémicas por su supuesta compañía y unos videos comprometedores que circulaban en redes sociales. Este contraste entre la difícil situación local y la aparente despreocupación presidencial es indignante.
La crisis de orden público en Nariño no es una novedad. Durante años, la región ha sido un epicentro de violencia y conflicto armado. Sin embargo, la falta de acciones concretas por parte del actual Gobierno ha profundizado el problema. La ineficacia en la atención a las vías en mal estado ha aislado a comunidades enteras, dificultando el acceso a servicios básicos y mercados, y perpetuando el ciclo de pobreza y desempleo.
Además, la presencia de actores armados ilegales sigue siendo una constante amenaza para la seguridad y la vida de los nariñenses. Los desplazamientos forzados y las violaciones a los Derechos Humanos continúan sin una respuesta efectiva. Las familias viven con miedo, sabiendo que cualquier día podrían ser obligadas a abandonar sus hogares o sufrir la violencia de estos grupos.
El desempleo y la falta de oportunidades son otro punto crítico. Nariño, con su potencial agrícola y turístico, se ve frenado por la falta de infraestructura y apoyo gubernamental. La juventud, en particular, enfrenta un futuro incierto, sin acceso a una educación de calidad ni oportunidades laborales dignas. Esta situación fomenta la migración y, en algunos casos, la incorporación a grupos armados como una salida desesperada.
El reciente paro de camioneros, motivado en parte por el descontento generalizado y las difíciles condiciones de trabajo, es un grito de auxilio. La respuesta gubernamental ha sido lenta e insuficiente, dejando a Nariño en una especie de limbo, esperando soluciones que no llegan.
Es crucial que el Presidente Petro y su Gobierno cambien su enfoque y prioricen las necesidades de Nariño. La región no puede seguir soportando la carga de la violencia, la pobreza y el abandono. Es importante escuchar las voces de los nariñenses, atender sus demandas y trabajar de manera efectiva para resolver las problemáticas que los afectan.
Nariño merece un futuro mejor, y es responsabilidad del Gobierno garantizar que ese futuro sea una realidad. La esperanza y la resiliencia de sus habitantes merecen ser recompensadas con un compromiso sincero y acciones efectivas que pongan fin a años de abandono y sufrimiento.